El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresa su repudio por la muerte de dos personas que se encontraban detenidas en la Unidad Penal Psiquiátrica Nº 20 que funciona en el Hospital José Tiburcio Borda y manifiesta su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Estos hechos, ocurridos durante la madrugada de hoy como consecuencia de un incendio, reflejan la situación de crisis estructural que atraviesan las instituciones de encierro en la Argentina, en particular las psiquiátricas, y las graves violaciones de los derechos humanos a las que se encuentran sometidas las personas recluidas en ellas. Incendios de estas características repiten situaciones similares de extrema gravedad ocurridos en distintas jurisdicciones del país sin que ello haya generado una política estatal a nivel federal, como la muerte de 33 internos de la Unidad Nº 28 de Magdalena en 2005 y de otros 32 detenidos en la Unidad Penal N°1 de Varones de Santiago del Estero en 2007.
Si bien aún no son claras las causas del incendio de esta madrugada, el CELS considera que es responsabilidad directa del Estado velar por la vida de quienes se encuentran a su cuidado y garantizar condiciones dignas de alojamiento.
En el caso particular del Borda, la situación se encuentra agravada por la interrupción del suministro de gas desde hace más de cuarenta días, que repercute en los servicios de calefacción, alimentación e higiene de los pacientes.
Estas dos muertes se suman a las de Matías Carbonell y Franklin Guarachi Tola, ocurridas en el área hospitalaria del Borda el 12 de noviembre de 2010 y el 6 de abril de 2011 respectivamente.
Los hechos de esta madrugada ocurrieron en las celdas de aislamiento de la unidad penal del hospital, que depende del Servicio Penitenciario Federal. Estas celdas se caracterizan por ser espacios cerrados, sin luz natural ni ventilación y con paredes acolchadas que deberían contar con un tratamiento ignífugo adecuado. Además, son los espacios de reclusión en los que se producen vulneraciones de derechos con mayor frecuencia.
En este contexto, resulta urgente la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en diciembre pasado y sobre cuya reglamentación no se han producido avances significativos. De la misma manera, el CELS considera necesaria la sanción del mecanismo nacional de prevención de la tortura del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que nuestro país adeuda desde 2004. El proyecto ya obtuvo dictamen en las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de la de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados y deberá tratarse mañana en la de Presupuesto y Hacienda.
El CELS exige que se realice una investigación, tanto administrativa como penal, que garantice el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Las habitaciones donde se produjeron estas muertes se encuentran equipadas con cámaras de video para el monitoreo de la evolución de las personas, por lo que la información sobre el origen del incendio debería estar registrada. El CELS también reclama una solución estructural que contemple la implementación de políticas judiciales y penitenciarias respetuosas de los derechos humanos, así como políticas públicas tendientes a la desinstitucionalización y a la inclusión social plena de los pacientes psiquiátricos.