El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó en calidad de amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego, que debe resolver en una acción de daños y perjuicios promovida por el fiscal de la provincia Virgilio Martínez de Sucre contra el senador nacional Carlos Martínez.
El fiscal demandó a Martínez por considerar que algunas de sus expresiones, publicadas en distintos medios periodísticos, eran “lesivas de sus derechos a la honra y al honor”. En esos artículos, el senador nacional del bloque Nuevo Encuentro criticó la actuación del fiscal Martínez de Sucre en relación a la transferencia de créditos del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) del Banco de la Provincia al Fondo Residual.
Entre otras cosas, Martínez se refirió a la existencia de un “pacto de impunidad” y sostuvo que “la irregularidad que se produjo, en ocasión que se sancionara la ley 286, dejó un juicio de 560.000.000 de pesos para aceptar 170.000.000 de pesos en bonos”. Además, afirmó que Martínez de Sucre “cuando tiene que defender al Estado Provincial de los grandes intereses corporativos, de los grandes intereses políticos y económicos que han vaciado la provincia no dice nada porque es cómplice”.
El juez de primera instancia condenó a Martínez a pagar 20 mil pesos por daño material y moral, ya que consideró que sus dichos traspasaron los límites impuestos a la libertad de expresión y la Cámara de Apelaciones confirmó esta decisión. Ante esta resolución, Martínez interpuso un recurso extraordinario que deberá resolver el STJ de la provincia.
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