El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso sus consideraciones sobre la modificación de la ley n° 23.737 en la primera jornada de debate convocada por las comisiones de Derechos Humanos y Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación.
La investigadora del CELS Luciana Pol expuso algunos de los impactos que produce la legislación actual y resaltó las facultades que, junto al código procesal penal, le otorga a las fuerzas de seguridad para la detención y persecución de consumidores. Al respecto sostuvo que el 90 por ciento de las causas penales se inician contra personas que fueron detenidas en la vía pública con pequeñas cantidades de sustancias prohibidas.
Además, Pol destacó el aumento de la criminalización de mujeres en la justicia federal. Según la investigación “Mujeres en prisión. Los alcances del castigo”; realizada por el CELS, la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación; entre 1990 y 2007 el número de mujeres encarceladas aumentó un 350 por ciento y más de la mitad de ellas se encuentran detenidas por causas relacionadas con drogas. También aumentaron las detenciones de mujeres que transportaban pequeñas cantidades de estupefacientes como método de subsistencia, la mayoría de las cuales eran el sostén del hogar.
”El daño social de esta política excede los males que pretende combatir, ya que persigue el comercio en pequeña escala y encarcela a usuarios, personas que practican el autocultivo y mujeres en situación de vulnerabilidad extrema”, destacó Pol.
En la audiencia participaron también otros organismos de derechos humanos, usuarios de drogas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.