El encuentro fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Corporación Humanas Chile, Conectas de Brasil y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.
Luego de tres días de exposiciones de representantes de gobiernos y ONG de 11 países latinoamericanos sobre la situación de sus Estados con relación a la tortura, sus motivos de preocupación, experiencias de trabajo y propuestas, culminó en Santiago de Chile la primera Consulta Regional con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan Méndez. Estuvieron representados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el encuentro participaron más de 40 expertas y expertos en derechos humanos, encargados y encargadas de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de la tortura en la región. Además, la consulta constituyó una oportunidad para las ONG de realizar un diagnóstico compartido sobre la situación regional.
“La tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América latina y el Caribe y aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales, así como otras reformas de los Estados, se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”, afirmó el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez.
También sostuvo que “hemos vivido la tortura y sabemos el costo que pagan nuestras sociedades”.
Durante la inauguración del encuentro, Méndez recordó la importancia de que todos los gobiernos de la región tomen seriamente la prohibición de cometer actos de tortura. En ese sentido, aseguró que “la tortura no desaparece porque tengamos gobiernos democráticos” y remarcó que se requieren esfuerzos conscientes de los Estados, que se traduzcan en un trabajo consecuente y sostenido a lo largo del tiempo. Además, sostuvo que no sólo se deben identificar medidas para erradicar la tortura, sino también impulsar procesos educativos que generen consenso social para que las políticas que se implementen resulten eficaces y duraderas.
Durante las sesiones de la Consulta Regional las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la persistencia de las prácticas de tortura y la falta de investigación judicial, con la consecuente impunidad para estas graves violaciones a los derechos humanos. Las exposiciones de los/as representantes de la sociedad civil dieron cuenta de que la tortura y los malos tratos no son un tema del pasado autoritario o de los conflictos armados en la región, sino que se encuentran vigentes en los Estados democráticos. Se identificaron prácticas comunes que constituyen actos de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes y aquellas que los posibilitan o amparan. Entre otras, se mencionó la continuidad de prácticas tradicionales de violencia como las requisas vejatorias contra detenidos y familiares que los visitan, el aislamiento prolongado, las terribles condiciones de detención y el hacinamiento que sufren las personas privadas de libertad, el trato arbitrario en los lugares de encierro, y el tratamiento forzado o sin control con psico-fármacos.
Otros temas tratados fueron la criminalización de la protesta social, la violencia policial y la formación del personal de los lugares de reclusión. Las organizaciones consideraron que el sistema judicial tiene una función clave en: la prevención de la tortura, la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y la promoción de las investigaciones penales de los casos que se denuncian. Por ello, también se evaluaron positivamente las medidas que busquen evitar las altas tasas de prisionización e implementar medidas alternativas a la detención.
Hubo coincidencia en la necesidad de incluir una perspectiva de género en el análisis del fenómeno y en el impacto a las víctimas, y de considerar las especificidades de grupos como los adolescentes privados de libertad, los discapacitados y las personas de orientación sexual diversa. La situación de las personas recluidas en hospitales psiquiátricos recibió un tratamiento específico y se remarcó que era preciso monitorearla bajo la luz de los instrumentos internacionales de prevención de la tortura.
Las ONG también sostuvieron la necesidad de desarrollar actividades de promoción para generar mayor conciencia y rechazo contra la tortura y malos tratos. En ese sentido, se consideró relevante el impulso de políticas orientadas a adecuar la normativa penitenciaria, penal y procesal penal a los estándares internacionales, como la tipificación adecuada de la tortura y la aplicación de la regla de exclusión de la prueba obtenida a través de estos métodos; a que se diseñen sistemas de control disciplinarios; y a la formación policial y penitenciaria, entre otras cuestiones. Se remarcó que estas iniciativas debían contar con la participación de la sociedad civil.
A su vez, la Consulta Regional permitió revisar las recomendaciones formuladas por la Relatoría en las visitas a los países de la región y considerar los procesos de desarrollo e implementación de sus recomendaciones, así como de los informes y observaciones de los otros órganos del sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos. También se remarcó la preocupación por las dificultades regionales para poner en práctica el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (OPCAT) y el desarrollo de los mecanismos nacionales, locales o temáticos de prevención en los respectivos países.
Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas Chile, explicó en la sesión inaugural que la Consulta Regional surgió de una propuesta conjunta del CELS, Conectas y Corporación Humanas, la que coincidió con el plan de trabajo del propio relator contra la Tortura, Juan Méndez.
Carrera destacó la presencia de organizaciones de derechos humanos de mujeres en la Consulta Regional, particularmente de las instituciones que forman parte de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género. Relevó la importancia de las ONGs de mujeres, de construir diálogos y alianzas con el movimiento de derechos humanos y de “incluir una perspectiva de género en derechos humanos, muchas veces ausente o invisibilizada”.
Paula Litvachky, directora del programa de Justicia Democrática del CELS, remarcó que es necesario visibilizar el problema de la tortura en los distintos lugares de detención como uno de los temas más importantes de la agenda de derechos humanos de la región. “La consulta permitió identificar los patrones comunes de preocupación sobre los que es indispensable trabajar para erradicar la tortura y los malos tratos y contribuir al fortalecimiento de los estados democráticos latinoamericanos”, aseguró.
Según Camila Asano, coordinadora del Proyecto de Política Externa y Derechos Humanos de Conectas, “una de las contribuciones de la consulta fue dar voz a más organizaciones de la región y ampliar los canales de colaboración con la relatoría”. Además, consideró que la interacción entre sociedad civil, Estados y relatoría ha sido importante para hacer seguimiento a las recomendaciones del Relator.
Por esas razones, CELS, Conectas y Humanas saludan la iniciativa del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan Méndez, de realizar la Consulta Regional para la América Latina y el Caribe, e instan a que los demás procedimientos especiales y comités de Naciones Unidas consideren replicar esa experiencia.