Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) finalizaron esta tarde su alegato en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Pidieron que se condene a prisión perpetua a algunos de los máximos responsables del funcionamiento del centro clandestino: Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Juan Carlos Fotea, Julio César Coronel, Manuel García Tallada, Pablo García Velasco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Raúl Enrique Scheller y Ernesto Frimón Weber.
También solicitaron penas de 25 años para el ex ayudante mayor de la Prefectura, Juan Antonio Azic; el ex capitán Adolfo Miguel Donda y el médico Carlos Antonio Capdevilla.
El alegato, que comenzó ayer por la mañana, demostró la responsabilidad de los dieciocho procesados en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la ESMA. La intervención del CELS apuntó a esclarecer el contexto en el cual tuvieron lugar estos crímenes, explicar la estructura represiva y el funcionamiento del centro clandestino entre 1976 y 1983.
Con respecto a los delitos sexuales que sufrieron hombres y mujeres, los representantes de la querella consideraron que las violaciones, los abusos y la violencia de género fueron prácticas sistemáticas en la ESMA. Por esta razón solicitaron que se extraiga parte de los testimonios para que esos delitos sean investigados de manera autónoma.
El alegato también describió el funcionamiento de la maternidad clandestina ubicada en el Casino de Oficiales. Los querellantes sostuvieron que el objetivo de este espacio era brindar ciertas condiciones mínimas para que las detenidas embarazadas dieran a luz a sus hijos, que luego serían entregados a terceros.
En este tramo de la causa se juzga también el secuestro y la desaparición de Rodolfo Walsh. Durante el proceso se comprobó que el 25 de marzo de 1977 una patota de la ESMA intentó secuestrar al periodista y escritor en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Walsh se defendió y –uno de los represores- le disparó. Su cuerpo fue trasladado al centro clandestino en donde fue visto por última vez por algunos sobrevivientes. Por este delito fueron acusados Astiz, Acosta, Rolón, Radice, García Velazco, Coronel, Cavallo, Fotea, Pernías y Weber. Se les imputó además el robo de la obra inédita de Walsh de la casa que tenía el periodista en San Vicente.
El alegato estuvo a cargo de los abogados del CELS Carolina Varsky, Gerardo Fernández y Daiana Fusca y de Agustín Chit, de Abuelas de Plaza de Mayo. Como cabeza de la querella unificada, hablaron también en representación de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las organizaciones del colectivo “Justicia Ya”, Lilia Ferreyra -compañera de Rodolfo Walsh-, Marianela Galli, Thelma Jara de Cabezas y la familia Fidalgo.