La jueza Wilma López dictó el procesamiento de seis efectivos de la Policía Federal que participaron en el operativo del 20 de octubre de 2010 en Barracas, cuando una patota de la Unión Ferroviaria asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra e hirió a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Los policías están acusados de liberar la zona para que pudiera producirse el ataque.
De acuerdo con la resolución difundida hoy, fueron procesados los jefes del operativo, comisarios Jorge Ferreyra, a cargo de la División Roca, y Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas; y el subcomisario Rolando Garay. Las órdenes dictadas por estos tres imputados permitieron que los agresores se acercaran a los manifestantes cuando se estaban desconcentrando.
La jueza también procesó al comisario Hugo Lompizano, ex Jefe de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal y a los efectivos Luis Alberto Echavarría y Gastón Conti. Lompizano y sus subordinados tenían a cargo el monitoreo y control del operativo en la Sala de Situación ubicada en el Departamento Central de Policía de la ciudad de Buenos Aires, donde recibían las imágenes en tiempo real. Desde ese lugar, con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales que hizo posible el ataque a los manifestantes.
En la misma resolución, la jueza López sobreseyó al agente David Villalba, quien tenía a cargo la filmación de los hechos. Villalba registró todo el operativo, a excepción de los cinco minutos en los que se produjo el ataque, que no quedaron grabados. Sin embargo, la jueza estimó que no existían pruebas suficientes para involucrarlo en el hecho y atribuyó la falta de registro del ataque al cumplimiento de órdenes de sus superiores que le impidieron acercarse al lugar.
Los seis policías fueron procesados por los delitos de abandono de persona agravado seguido de muerte, en el caso de Mariano Ferreyra, y de grave daño a la salud por las heridas que sufrido Elsa Rodríguez. Para el CELS, que la semana pasada había pedido el procesamiento de todos los efectivos imputados por considerarlos partícipes del homicidio de Ferreyra, esta decisión representa un nuevo avance para el esclarecimiento del caso.
La resolución de López confirma que las conductas de los policías fueron esenciales para que el asesinato se pudiera cometer y demuestra que la autonomización del trabajo policial tiene como consecuencia gravísimas violaciones de derechos humanos. Fortalecer la conducción civil y avanzar en la agenda de reforma de la Federal es una prioridad ineludible para asegurar que hechos como estos no vuelvan a suceder. La gravedad y el carácter estructural del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad exige reformas enérgicas y urgentes que democraticen su funcionamiento y reduzcan su autonomía.