Esta tarde, con 210 votos a favor y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que crea el sistema nacional de prevención de la tortura, en los términos previstos por el Protocolo contra la Tortura de Naciones Unidas que Argentina firmó y ratificó por ley en 2004.
El proyecto, elaborado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensores públicos de todo el país e integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, prevé un mecanismo de visitas y monitoreo permanente de las instituciones de encierro y fija estándares para el acceso a la información vinculada con las personas privadas de libertad y con la protección de las víctimas y testigos de casos de tortura.
La propuesta contempla también las dificultades que presenta la organización federal del Estado argentino e incluye la creación de mecanismos provinciales articulados con el sistema nacional, que estará integrado por un comité de prevención de la tortura, un consejo federal y los entes públicos y organizaciones no gubernamentales interesados en el cumplimiento del Protocolo.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, se encuentra en sintonía con los principios y las exigencias de Naciones Unidas y su sanción permitiría a la Argentina avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Paula Litvachky, directora del programa de Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguró que “la tortura es parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas”.
“Este mecanismo genera instancias de control y apertura de los lugares de detención para trabajar sobre la crisis estructural que atraviesan las instituciones de encierro en Argentina y prevenir las graves violaciones de derechos humanos a las que se encuentran sometidas las personas recluidas en ellas”, agregó Litvachky.
Nuestro país aprobó el Protocolo contra la Tortura de Naciones Unidas en septiembre de 2004 mediante la Ley 25.932 pero no elaboró un mecanismo nacional para el cumplimiento de los estándares allí previstos. Es responsabilidad del Estado avanzar en la implementación del Protocolo Facultativo y esto implica agilizar el trámite del proyecto que hoy logró media sanción en el Congreso.