El 20 de octubre de 2010 la Unión Ferroviaria convocó a más de 100 personas con el único fin de intimidar a empleados tercerizados del ferrocarril Roca que manifestaban en reclamo por su pase a planta permanente y por la reincorporación de compañeros despedidos. Algunos integrantes del grupo de la Unión Ferroviaria asesinaron al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra e hirieron a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. La Policía Federal estuvo presente en el lugar desde el inicio de la manifestación y tuvo responsabilidad en el homicidio por acciones que realizó y por otras que omitió. Funcionarios policiales facilitaron la agresión de la patota y luego protegieron su salida. Por eso es fundamental que ambos procesos sean analizados como parte del mismo acontencimiento en el que tuvieron participación tanto los miembros de la Unión Ferroviaria como los policías implicados.
La investigación por los hechos ocurridos en el barrio porteño de Barracas recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°38, a cargo de la jueza Wilma López. La fiscal que intervino en primer término fue Cristina Caamaño, quien luego fue reemplazada por Fernando Fiszer. Los familiares de Mariano se presentaron como querellantes con la representación del CELS.
La jueza y los fiscales realizaron allanamientos, tomaron testimonios, recolectaron pruebas y garantizaron un proceso judicial serio y transparente. Su primer resultado fue el procesamiento con prisión preventiva de los siete presuntos autores materiales: Cristian Favale, Pablo Díaz, Juan Carlos Pérez, Gabriel Sánchez, Guillermo Uño, Salvador Pipitó y Jorge Daniel González, todos ellos por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, homicidio calificado en grado de tentativa (tres hechos) y coacción agravada. Esta resolución fue confirmada el 28 de diciembre por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que estableció que Favale y Sánchez debían ser considerados coautores, Pérez y Uño como partícipes necesarios, Díaz como instigador, y Pipitó y González como partícipes secundarios.
Por otra parte, el 11 de marzo de 2011 López dictó el procesamiento del secretario general de la Unión Ferroviaria, José Ángel Pedraza y de sus colaboradores, Juan Carlos Fernández y Claudio Alcorcel, por los mismos hechos. Esta medida fue confirmada por la Cámara en un fallo del 4 de abril que estableció que Pedraza y Fernández debían ser procesados como instigadores, mientras que Alcorcel debía ser considerado partícipe secundario.
La investigación judicial demuestra que el grupo de la Unión Ferroviaria fue convocado para disciplinar de manera violenta a los tercerizados y evitar que insistieran con sus reclamos. Cuando los manifestantes decidieron retirarse tras haber sido atacados por la Policía Bonaerense y por el grupo de la Unión Ferroviaria en presencia de la Policía Federal, un grupo de 8 personas organizadas y coordinadas corrieron a los manifestantes y entonces Gabriel Sánchez y Cristian Favale efectuaron los disparos. Claudio Alcorcel facilitó la llegada de Favale al lugar y controló su accionar, a la vez que alentó al grupo de la Unión Ferroviaria para atacar a los manifestantes; las armas fueron ocultadas por Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño; al mismo tiempo, Jorge González y Salvador Pipitó amedrentaron a los periodistas del canal de noticias C5N para evitar que registraran lo que sucedía. Mientras tanto, Díaz coordinó al grupo desde el lugar de los hechos y mantuvo comunicación constante con Fernández y Pedraza, quienes requerían este tipo de aleccionamiento para mantener su modelo de gestión sindical y de negocios a expensas de los tercerizados.
El 24 de mayo la jueza López elevó a juicio oral la causa que recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°21, a cargo de los jueces Carlos María Bossi, Diego Barroetaveña y Horacio Días. Las audiencias comenzarán el 20 de febrero de 2012.
La responsabilidad de la Policía Federal
La investigación sobre la responsabilidad de los policías involucrados dio origen a una causa penal que se tramita en forma separada al expediente principal, que se encuentra todavía en etapa de instrucción en el mismo juzgado. El 22 de junio la jueza López dictó el procesamiento de seis efectivos de la Policía Federal que participaron en el operativo: los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla y Hugo Lompizano, el subcomisario Rolando Garay y los efectivos Luis Alberto Echavarría y Gastón Conti. En la misma resolución, la jueza sobreseyó al agente David Villalba, al considerar que no existían pruebas suficientes para involucrarlo y atribuyó el hecho de que su filmación se interrumpiera al momento de los disparos al cumplimiento de órdenes de sus superiores que le impidieron acercarse al lugar. El procesamiento fue por los delitos de abandono de persona agravado seguido de muerte, en el caso de Mariano Ferreyra, y de grave daño a la salud por las heridas que sufrió Elsa Rodríguez. Sin embargo, el CELS considera que los policías deben ser juzgados como partícipes del homicidio de Ferreyra, dado que sus acciones fueron necesarias para que se produjera la muerte de Mariano. Esta cuestión seguirá en discusión a lo largo del proceso.
Los jefes del operativo, comisarios Ferreyra, a cargo de la División Roca de la Policía Federal y Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, permitieron que los efectivos dieran paso a la patota para hacer posible el ataque. La inacción para proteger a los manifestantes se mantuvo incluso luego de los disparos, cuando la policía ni siquiera intentó detener a los miembros del grupo atacante. El subcomisario Garay, presente en el lugar de los hechos, fue quien dejó que los agresores se acercaran a los militantes que se estaban desconcentrando y, luego del ataque, ordenó efectuar un cerco para proteger al grupo de la Unión Ferroviaria.
En tanto, el comisario Lompizano y los efectivos Echavarría y Conti se ocupaban del monitoreo y control del operativo en la Sala de Situación ubicada en el Departamento Central de Policía, donde recibían las imágenes en tiempo real. Desde ese lugar, con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales que hizo posible el ataque.
El caso de Mariano Ferreyra puso en evidencia tramas de relaciones entre diferentes esferas de poder del sindicalismo, de la empresa concesionaria, de la policía y del poder político.
Con este hecho y la represión en el marco del desalojo al Parque Indoamericano, se llegó a un punto de no retorno de lo que había sido el modo de gestionar la seguridad y, especialmente, la policía. Desde 2003, el gobierno había sostenido una política orientada a la no represión de la protesta social y a evitar la ocurrencia de nuevos muertos en estos contextos. Sin embargo, esas directivas no habían sido acompañadas por una reforma estructural del gobierno de la seguridad que pusiera fin a la delegación de la gestión sobre las propias policías.
El crimen de Mariano Ferreyra mostró también la cara más violenta de las luchas que tienen lugar en distintos gremios para democratizar la representación sindical, un aspecto clave en la transición hacia formas más abarcadoras de protección de los derechos de los trabajadores. La Unión Ferroviaria contrataba trabajadores tercerizados a quienes les pagaba un salario mucho menor, a través de cooperativas que le pertenecían. De esta manera obtenía beneficios económicos y políticos. El sindicato desnaturalizaba así su rol y eludía el cumplimiento de derechos laborales y el pago de seguros sociales, a la vez que negociaba mayores réditos económicos con el aval del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transporte y las empresas que integraban la UGOFE.
A un año del asesinato del joven militante el CELS acompaña a la familia Ferreyra, reitera su reclamo por la identificación y sanción de todos los responsables y por la profundización de las reformas estructurales necesarias para impedir que se repitan hechos de esta naturaleza.