En un fallo tan largamente demorado como profundamente anhelado, el Tribunal Oral Federal Nº 5 condenó hoy a penas de entre 18 años y prisión perpetua a 16 represores por 86 crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta sentencia pone fin a la impunidad para los criminales que actuaron en uno de los mayores centros clandestinos de detención que existieron en el país y constituye un nuevo avance en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en Argentina. La condena a los principales jefes de la ESMA es el resultado de un recorrido protagonizado de manera incansable por los organismos de derechos humanos, las víctimas y sus familiares, con el apoyo de diversos actores políticos.
Los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli resolvieron condenar a prisión perpetua a los represores Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Jorge Carlos Radice, Néstor Omar Savio, Raúl Enrique Scheller y Ernesto Frimón Weber. El Tribunal los encontró responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Además recibieron penas de 25 años de prisión Juan Carlos Fotea Dineri y Manuel Jacinto García Tallada; 20 años Carlos Antonio Capdevilla y 18 años Juan Antonio Azic. En tanto, el Tribunal absolvió Juan Carlos Rolón y Pablo Eduardo García Velasco, decisión que será apelada por el CELS ante la Cámara de Casación.
Tal como lo solicitó el CELS en su alegato, el Tribunal dispuso la investigación de manera autónoma de los crímenes contra la integridad sexual ocurridos en la ESMA. La causa judicial por esos hechos está a cargo del juez de instrucción Sergio Torres.
La sentencia conocida hoy llegó luego de casi dos años de iniciado el debate oral, en el cual se presentaron ante el Tribunal 200 testigos, de los cuales más de 80 fueron sobrevivientes del centro clandestino. Los delitos cometidos en la ESMA son investigados en tramos separados en el marco de la misma causa. En este proceso se juzgaron las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 86 víctimas -28 de las cuales permanecen desaparecidas y 5 fueron asesinadas y sus cuerpos identificados-. En este primer juicio, fueron unificadas tres partes de la mega-causa.
En reiteradas oportunidades el CELS remarcó la necesidad de evitar la fragmentación de los juicios, en tanto parcializar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, podría desnaturalizar los hechos y privar a la sociedad y a las víctimas de un juicio que refleje la amplitud del proceso de búsqueda de justicia. Carolina Varsky, directora del área de Litigio del CELS explicó que “esta división de los casos genera que los testigos, muchos de ellos sobrevivientes, deban concurrir a tribunales a reiterar su testimonio, lo cual implica revivir situaciones traumáticas y angustiosas. Por eso es necesario tomar medidas para evitar demoras innecesarias”.
El CELS encabezó a las querellas en este juicio y representó a las familias de Alcira Fidalgo y Fernando Brodsky y a la compañera de Rodolfo Walsh, Lilia Ferreyra. Además, en el caso de la Iglesia de la Santa Cruz, los abogados del CELS representaron a la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.