El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga la participación de siete efectivos de la Policía Federal en el homicidio de Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010 en Barracas, cuando una patota de la Unión Ferroviaria asesinó al militante del Partido Obrero e hirió a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
Las conductas de los policías que participaron del operativo fueron necesarias para que el ataque se pudiera realizar, ya que contaban con información sobre la presencia de la patota en el lugar y no tomaron ninguna medida para evitar el resultado fatal e incluso colaboraron en la agresión. Los integrantes de la Policía Federal no sólo permitieron el paso de los miembros de la Unión Ferroviaria, sino que además no hicieron nada para identificarlos y evitar su fuga. Cuando los agresores regresaron a las vías luego del ataque, los efectivos los rodearon para protegerlos del paso de los manifestantes y así facilitaron la huída de quienes llevaron adelante el homicidio de Mariano.
Los policías que participaron del operativo y se encuentran imputados en la causa son los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla y Hugo Lompizano; el subcomisario Rolando Garay, y los efectivos David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti. Además, Lompizano se encuentra investigado por los hechos de diciembre de 2010 en el Parque Indoamericano que causaron la muerte de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y heridas a numerosas personas.
El pasado 24 de mayo la jueza Wilma López elevó a juicio oral la causa en la que están imputados el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros nueve acusados. Para el CELS, que representa a los familiares de Mariano, es fundamental que estos dos tramos del caso sean analizados como parte del mismo hecho en el que tuvieron participación tanto los miembros de la Unión Ferroviaria como los policías federales implicados y que sean juzgados en un mismo debate.