A tres años de la desaparición de Luciano Arruga el 31 de enero de 2009, la ausencia de resultados en la investigación evidencia la absoluta incapacidad de la justicia para esclarecer uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos de los últimos años. Al mismo tiempo, muestra la falta de voluntad política del gobierno provincial de realizar acciones para esclarecer lo que sucedió con Luciano e investigar las irregularidades policiales que rodean el caso.
Desde el inicio de la causa, la actuación de la justicia ha sido deficiente. Los familiares de Luciano denunciaron al personal policial de Lomas del Mirador como responsables de la desaparición. Sin embargo, la primera fiscal, Roxana Castelli, delegó la causa en los policías sospechados y se perdió toda posibilidad de que en esos primeros momentos clave de la investigación se avance en la hipótesis policial. Por esta razón, se separó a Castelli y se designó a la fiscal Celia Cejas a cargo del caso.
Durante sus primeros meses de actuación, Cejas enfocó la investigación sobre los efectivos policiales. Sin embargo, se siguieron cometiendo serias falencias. Incluso se desvió la investigación hacia la familia de la víctima, en lugar de concentrarse en la Policía Bonaerense. Tampoco se investigaron otros posibles delitos cometidos por el personal policial en relación, por ejemplo, con la adulteración de los libros de las comisarías, ni se profundizó sobre las prácticas de hostigamiento y reclutamiento de menores de edad para la comisión de delitos por parte de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad. El equipo especial de investigación dispuesto por la Procuración General de la provincia se diluyó luego de 90 días en los que no se produjeron novedades importantes. Las únicas medidas judiciales que se realizaron en los últimos meses fueron las impulsadas por el CELS y los abogados de la familia Arruga, Juan Manuel Combi y Damián Piraino.
Frente a una causa de estas características, el Estado provincial debe garantizar una respuesta a los familiares sobre lo que sucedió con Luciano y sancionar a los responsables. Ninguna de las agencias estatales provinciales demostró interés por resolver el caso, ni voluntad política para intervenir ante la manifiesta vinculación policial con el hecho y el cúmulo de irregularidades que quedaron expuestas en estos años de investigación.
Por su parte, el Estado argentino reconoció la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas en 1997 e impulsó la adopción por parte de Naciones Unidas de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada en 2006, por lo que la continuidad de este tipo de prácticas resulta inadmisible. El Estado federal es garante de que estos casos sean realmente investigados y de que no se repitan.