Ante tres nuevos episodios de violencia sufridos por varios integrantes de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) el pasado miércoles 18 de enero, los organismos de derechos humanos que integran la mesa de diálogo y trabajo para colaborar en la solución de los problemas de los qompi y la Defensoría General de la Nación solicitaron a los ministros del Interior, Florencio Randazzo; de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman y de Seguridad, Nilda Garré, una reunión urgente entre el Estado nacional y la comunidad para concertar las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de la comunidad y de sus miembros.
La primera de las agresiones denunciadas por las entidades sucedió cerca del mediodía del miércoles, cuando un grupo de niños de entre ocho y quince años que recolectaba miel dentro del territorio comunitario fue agredido por Jorge Saucedo, criollo que ocupa tierras de La Primavera. Saucedo disparó contra los chicos al tiempo que los acusaba de robar la miel y los amenazaba de muerte. Frente a este cobarde ataque, los niños se asustaron y corrieron a refugiarse en la casa de Rafael Díaz, padre de algunos de ellos y primo del qaraché de la comunidad Félix Díaz. El segundo episodio tuvo lugar en horas de la tarde, cuando la casa de la familia de Sindulfo Caballero fue atacada a balazos. Los Caballero se encontraban en el interior de la vivienda y debieron salir corriendo para evitar ser alcanzados por las balas. Por último, la tercera agresión fue llevada a cabo por Ángel Mendoza, quien amenazó de muerte y disparó contra Horacio López cuando se encontraba en las cercanías del Centro Integrador Comunitario.
Estos lamentables acontecimientos se suman a los repetidos hechos de violencia a los que son sometidos cotidianamente los integrantes de la comunidad, como el ataque contra Rolando Díaz, hijo de Félix Díaz, el pasado 7 de enero; el incendio de la casa del sobrino nieto de Félix, Tino Díaz, el 30 de septiembre de 2011 y el amedrentamiento sufrido por la familia de Ricardo Vargas días después.
La situación evidencia las falencias del operativo de seguridad implementado, frente a una escalada de violencia sobre la comunidad en la que actores particulares con poder de fuego sienten la suficiente impunidad como para ejecutar ataques contra los qompi. Además, cobran especial trascendencia al producirse a pesar de la orden de protección cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de abril de 2011. En esa oportunidad, la CIDH intimó al Estado argentino a garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad.
La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra ha generado las condiciones para la reiteración de estas agresiones. Lamentablemente, no se ha producido ningún avance sobre la agenda planteada en la mesa de diálogo y trabajo desde su creación el pasado 2 de mayo. El gobierno provincial decidió retirarse del espacio en septiembre y, desde entonces, el Estado nacional se ha mostrado completamente indiferente con respecto a la situación de la comunidad al suspender la convocatoria a las reuniones e ignorando las sucesivas cartas que se enviaron denunciando los hechos de violencia y reclamando soluciones al problema de la tierra.
Las organizaciones garantes de la mesa de diálogo y trabajo repudiaron lo sucedido y exigieron al Estado nacional y al provincial la adopción urgente de medidas efectivas para proteger a la comunidad de los atentados de particulares y la implementación de una solución definitiva al conflicto territorial.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Nacional
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – La Matanza
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
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