El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresa su preocupación ante la absolución de los efectivos de la Policía de la provincia de Chubut imputados por el homicidio de Julián Antillanca, sucedido en la madrugada del 5 de septiembre de 2010 en la ciudad de Trelew, cuando el joven de 20 años fue golpeado hasta la muerte y abandonado en la calle.
El Tribunal de Juicio de Chubut absolvió a los policías Martín Solis, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Pablo Morales por considerar que no se encontraba probada su participación en el hecho. Además, fueron absueltos el comisario Carlos Sandoval y la civil Gabriela Bidera, que se encontraban imputados por encubrimiento agravado.
La decisión del tribunal en el caso Antillanca puso de manifiesto deficiencias en la investigación de crímenes cometidos por la policía y condujo a la impunidad en un caso de violencia policial extrema. La provincia cuenta con un sistema procesal moderno, recientemente reformado, que no fue capaz de sancionar a los responsables de esta violación a los derechos humanos.
La policía provincial de Chubut cuenta con antecedentes de gravedad en su accionar de los últimos años. En marzo de 2009, se produjeron incontables abusos y vejaciones en una serie de violentos operativos de allanamiento llevados adelante en la localidad de Corcovado, hechos que también permanecen impunes. En agosto de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la violación del derecho a la vida y por la imposibilidad de llevar adelante una investigación para esclarecer lo sucedido y condenar a los culpables de la desaparición de Iván Torres, ocurrida el 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia. Son muchas las denuncias de abusos policiales, especialmente dirigidos contra jóvenes y adolescentes. La impunidad fortalece las condiciones para la reiteración de estos hechos, como sucedió el pasado 17 de enero, cuando un joven de 16 años fue brutalmente golpeado y violado por un grupo de efectivos durante su detención en la comisaría segunda de Trelew.
Las reiteradas prácticas policiales violentas e ilegales demandan que las autoridades políticas de la provincia implementen un programa efectivo de control y gobierno de la seguridad, orientado a que la actuación de las fuerzas se enmarque en una concepción democrática de la relación entre la policía y la comunidad.
El CELS acompaña a los familiares de Julián en su búsqueda de justicia, exige que el Estado disponga una investigación para alcanzar verdad y justicia y que se encaren las reformas necesarias para evitar la reiteración de casos de abuso policial en la provincia.