El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó tres informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su tratamiento durante el segundo “Examen Periódico Universal”, al que se someterá el Estado argentino entre el 22 y 29 de octubre en Ginebra. En dicha instancia, el Consejo evaluará los niveles de cumplimiento de nuestro país frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El primer documento releva distintos temas de especial preocupación en materia de derechos humanos en Argentina. En primer lugar, aborda la violación de los derechos de las personas privadas de libertad, con particular eje en la situación de los detenidos en la provincia de Buenos Aires. El informe remarca las graves deficiencias estructurales en materia de condiciones de alojamiento así como las alarmantes prácticas de tortura y malos tratos en los centros de detención. Además, el documento aborda la violencia institucional sobre reclamos en materia de tierra y territorio; las críticas que merece la reciente sanción de la “ley antiterrorista”; los problemas para el goce y ejercicio del derecho a la vivienda en nuestro país y la situación de ciertos grupos específicos como las personas con discapacidad psicosocial.
Entre los aspectos positivos, se destacan los avances en los últimos años en el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la reglamentación de la Ley de Migraciones.
El segundo informe fue elaborado junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), el Foro por los Derechos Reproductivos (Foro DDRR), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Instituto de Género Derecho y Desarrollo (INSGENAR). Las organizaciones firmantes plantearon las fallas aún existentes en la distribución de métodos anticonceptivos -en forma eficaz y equitativa- en todo el territorio nacional y destacaron las deudas pendientes en materia de educación sexual integral, así como las consecuencias de la nula regulación de la objeción de conciencia. El informe otorga especial importancia a la situación de las muertes de mujeres con relación al embarazo y el aborto. En ese sentido, se insta una vez más al Estado argentino a que adopte medidas eficaces para reducir la tasa de mortalidad materna y se solicita que avance en garantizar una atención de calidad de las complicaciones por abortos y su legalización.
Finalmente, en el informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas -elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el CELS- se destacaron las importantes faltas en las políticas del Estado que impiden que las comunidades cuenten con sus títulos de propiedad y tengan correctamente identificados sus territorios.
Además, las organizaciones denunciaron la persecución de algunas comunidades por parte de la justicia y la criminalización de la lucha por sus territorios y resaltaron la necesidad de que el Estado nacional desarrolle mecanismos efectivos de derecho interno para asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de consulta y participación indígena.
El Estado argentino debe presentar su informe al Consejo hasta el 23 de julio próximo.