El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, junto a otras organizaciones de la región, instó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a condenar la ruptura democrática en Paraguay y a instaurar de forma urgente un mecanismo de monitoreo de la situación de los derechos humanos en ese país.
El pasado 22 de junio, el Congreso paraguayo destituyó al presidente democráticamente electo, Fernando Lugo, a través de un juicio político de celeridad inusitada y sin ajustarse a las necesarias garantías de imparcialidad, derecho de defensa y del debido proceso.
Durante la vigésima sesión del Consejo, el CELS manifestó que “la decisión del parlamento evidenció una intencional manipulación política del desalojo violento ocurrido en Curuguaty” y que “en lugar de permitir una investigación que determine responsabilidades y asegure verdad y justicia para las 17 víctimas fatales y más de 50 heridos desde una institucionalidad democrática, el Congreso de Paraguay habría consumado un golpe de Estado encubierto”.
El CELS destacó que “tras los hechos de Honduras en junio de 2009, esta nueva alteración al régimen democrático, en este caso en Paraguay, implica un nuevo retroceso para las democracias de la región y refuerza a sectores antidemocráticos que desdeñan el Estado de Derecho”.
Para el CELS, “como cualquier ruptura del orden democrático, lo sucedido en Paraguay tiene graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos en ese país y representa una seria amenaza a toda América Latina”.
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