En la vigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, junto a otras organizaciones de América Latina y el Caribe, manifestó su preocupación frente a diferentes problemáticas que afectan los derechos humanos en la región. Puntualmente, se alertó ante la proliferación de herramientas punitivas que, a partir de la lucha global contra el terrorismo, implican amenazas y vulneraciones para los derechos fundamentales y, por otra parte, se reclamó por la ausencia en la agenda del organismo de la grave situación de los derechos humanos en Honduras.
El contexto internacional posterior a 2001, fuertemente marcado por la dinámica de prevención y represión del terrorismo, implicó serias afectaciones en materia de derechos humanos a nivel global, no sólo para aquellos sospechados de algún nivel de participación, sino respecto de la comunidad en general.
Esta orientación global, fuertemente ligada al paradigma de las “nuevas amenazas”, ha generado que la seguridad sea una clave dominante de las agendas políticas y sociales de los Estados de la región. La lucha global contra el terrorismo tuvo como consecuencia, en muchos de los países de América Latina y el Caribe, procesos de endurecimiento de su legislación penal.
El CELS y Corporación Humanas, de Chile, llamaron la atención del Consejo sobre la aplicación del paradigma de las nuevas amenazas en el Cono Sur plasmado en legislaciones antiterroristas, que impactan en forma diferente en cada país, pero que en conjunto demandan diagnósticos adecuados y medidas específicas por parte de los Estados y de los mecanismos internacionales de protección para evitar vulneraciones de derechos fundamentales.
La legislación antiterrorista de Chile debe ser cuestionada por su incompatibilidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, su falta de garantía del debido proceso legal y sobre todo, por su aplicación contra miembros del pueblo mapuche frente a reivindicaciones sociales, culturales y políticas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que Chile viola la Convención Americana (CADH), tanto por las deficiencias de la normativa respecto del principio de legalidad penal, como por la aplicación selectiva contra grupos que reclaman por sus tierras ancestrales.
En Argentina, los discursos y medidas encarados por el Estado presentan la vigencia de paradigmas de seguridad opuestos y en disputa. El gobierno promovió regionalmente posicionamientos que rechazan la tendencia a la militarización y la imposición de estándares regresivos para las políticas de seguridad. Sin embargo, la sanción de la llamada “ley antiterrorista” puso en tensión dichos postulados. La reforma, que parece haber respondido a una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), introduce un agravante para todos los delitos del código penal, tan abierto e impreciso que posibilita su aplicación a través de figuras penales típicamente utilizadas para la represión de la protesta social.
Es necesario señalar que la ley establece que los agravantes no se aplicarían en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Pero la sola inclusión de esta salvedad da cuenta de las restricciones que la propia norma puede ocasionar en materia del ejercicio de derechos humanos, obligando a referentes sociales perseguidos penalmente a probar la legitimidad de sus acciones. Si bien hasta el momento no se ha aplicado esta nueva figura penal, su sola existencia opera como amenaza y condiciona el accionar de la comunidad.
Por otra parte, junto a Conectas Direitos Humanos (Brasil), Corporación Humanas (Chile), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH – Honduras) y el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla (Honduras) reclamó que en la sesión del Consejo, los miembros pertenecientes al Grupo de Países de América Latina y el Caribe discutan la situación de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009.
Las organizaciones de derechos humanos sostuvieron que, a casi tres años del golpe de Estado, la situación de derechos humanos en el país sigue siendo de extrema gravedad, habiendo inclusive indicios importantes respecto a su empeoramiento.
Agregaron que, como consecuencia de la militarización de las fuerzas de seguridad y la impunidad estructural, hay asesinatos, persecución, criminalización y amenazas a opositores políticos, movimientos sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.
En consecuencia, consideran que en esta sesión los países de América Latina y el Caribe deben asumir el liderazgo de iniciativas destinadas a traer este tema de vuelta a la agenda del Consejo de Derechos Humanos para ayudar a prevenir la proliferación de nuevas violaciones, así como a reparar las ya gravemente acontecidas.