Para su consideración en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se llevará a cabo entre el 3 y 5 de junio en Cochabamba, Bolivia, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, ha realizado una serie de propuestas que ponen en peligro importantes facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones de la región manifestaron ayer en una carta remitida a Insulza y a todas las misiones ante la OEA, su preocupación ante una iniciativa que desconoce la autonomía e independencia de la CIDH y podría debilitar el sistema de protección.
Aunque el CELS comparte la idea que la CIDH debe analizar mejoras a su funcionamiento, en este escenario, podrían perderse importantes facultades para proteger la vida de las personas que habitan en nuestra región, como la posibilidad de solicitar medidas cautelares a los Estados para preservar la vida e integridad física de las personas.
Hace un año, el órgano supremo de la OEA constituyó un Grupo de Trabajo (GT) para presentar recomendaciones específicas con el propósito de revisar el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si bien el informe final del GT -aprobado por el Consejo Permanente en enero de este año- merece críticas y observaciones, la actividad de los Estados plasmada en el documento tuvo el cuidado de no avasallar la autonomía e independencia de la Comisión. Se limitó a efectuar recomendaciones en ejercicio de un adecuado diálogo institucional e, incluso, la propia CIDH en un documento reciente ya ha expresado su voluntad de continuar la reflexión junto a otros actores sobre estas sugerencias.
En contraste, la propuesta de Insulza va más allá de la expresada por los propios Estados en el Informe del GT al instar a la Asamblea General a iniciar un proceso de reforma del Estatuto de la CIDH, así como al “puntualizar” los cambios que a su criterio deberían realizarse en su Reglamento.
Si los Estados aceptan su iniciativa de reforma del Estatuto, tendría lugar, por primera vez en la historia de la CIDH, una revisión estatutaria de esta naturaleza en un contexto político en el que no parecen existir consensos encaminados hacia el real fortalecimiento de la herramienta de protección más valiosa con la que cuentan los habitantes de la región. Por ello, encarar actualmente un proceso de estas características es, por lo menos, riesgoso.
La efectividad de la Comisión se asienta en su legitimidad como órgano independiente y autónomo para la protección de derechos y en su capacidad para reaccionar adecuadamente ante las distintas formas de vulneración. Frente a ello, la propuesta de Insulza desconoce que los procesos de reforma de reglamento son encarados por la Comisión en el marco de un debate con los otros actores del Sistema. Resulta inadmisible que se pretenda imponerle a la CIDH el contenido específico de una posible reforma reglamentaria.
Esperamos que en la próxima Asamblea General los Estados desestimen esta propuesta y reafirmen una vez más que toda iniciativa que procure generar las condiciones para robustecer la labor de los órganos del SIDH debe partir por respetar su autonomía e independencia y, en consecuencia, proveer el marco necesario para el efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos en las Américas.
Haga clic aquí para leer la carta enviada por el CELS y otras organizaciones a Insulza y a todas las misiones ante la OEA.