El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, solicitó al Estado argentino la suspensión de todos los procesos de desalojo de comunidades indígenas y la implementación de mecanismos efectivos para la demarcación y el reconocimiento legal de sus territorios.
De acuerdo a un informe presentado hoy, el Estado “ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país”, como las reformas constitucionales de 1994 en materia de pueblos indígenas, la aprobación de la ley 26.160, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la aprobación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Sin embargo, Anaya destacó en su evaluación que “persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.
El documento, que releva la información reunida por Anaya durante su última visita oficial a nuestro país entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011, sostiene también que la Argentina “debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares”.
En referencia a los emprendimientos agropecuarios y de desarrollo de industrias extractivas en territorios ancestrales, el Relator afirma que “se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas” con el objetivo de obtener “su consentimiento libre, previo e informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos humanos”.
Para el director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS, Diego Morales, “el informe del Relator cobra especial relevancia en un contexto en el que distintas comunidades indígenas de nuestro país son sometidas a continuos desalojos de sus tierras, como la comunidad diaguita de Indio Colalao la semana pasada en Tucumán. Además, el informe de Anaya contempla aristas comunes que presentan los diversos conflictos por las tierras indígenas; como la cesión de tierras tradicionales a particulares por parte del Estado, la ocupación de territorios por familias criollas que desarrollan actividades económicas que afectan el modo de vida de las comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta, y la ausencia de delimitación y titulación completa del territorio”.