El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires absolvió hoy al juez de garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, en el proceso de remoción al que era sometido desde marzo de 2009. Esta decisión corrobora la falta de fundamento con la que se inició el proceso, señalada constantemente por su defensa y por diversas organizaciones de derechos humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Red de Jueces Penales de la provincia.
El juicio político contra Sal Lari fue impulsado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, con el respaldo de algunos sectores políticos y de organizaciones de víctimas como parte de una fuerte campaña punitivista. Inicialmente, el proceso se inició por once hechos, de los cuales diez fueron desestimados dos años después, en abril de 2011. Sin embargo, en aquella oportunidad la primera composición de la Comisión Bicameral y el Jurado de Enjuiciamiento decidieron suspender al juez por su accionar en el caso restante, en el que se lo acusaba de no haber efectivizado la liberación de un detenido durante siete meses.
El pasado 5 de julio, en la primera audiencia del proceso, la nueva Comisión Bicameral decidió no acusar al juez por entender que no había mérito para mantener el juicio, ya que Sal Lari había sido sobreseído penalmente por ese caso y ya se había desestimado la falta administrativa.
El proceso debió concluir en ese momento, según lo establece el art. 41 de la ley 13.661, no obstante, el Jurado de Enjuiciamiento tomó la decisión de consultar a los acusadores privados si tenían la intención de continuar. Posse decidió no presentarse al juicio, a pesar de las acusaciones mediáticas que sostuvo durante todos estos meses. Se pretende fundar esa decisión en el monto de la caución establecido por el tribunal, cuando lo cierto es que la debilidad de los cargos impedía una acusación seria contra el juez.
Finalmente, al absolver a Sal Lari, el jury sostuvo que los planteos de Posse eran inadmisibles y que desconocieron los principios jurídicos del proceso por pretender discutir cuestiones resueltas con anterioridad.
El de Rafael Sal Lari resulta un caso paradigmático del uso ilegítimo de los procesos disciplinarios para condicionar la actuación del resto del sistema de justicia. Paradójicamente, el juez comenzó siendo cuestionado por liberar presos, pero la única acusación que se mantuvo hasta el final consistía en demorar la liberación de un detenido.
La acusación infundada y la suspensión de un juez durante más de un año alertan sobre la gravedad institucional y la afectación a la independencia judicial que casos como estos generan. Sal Lari fue absuelto, pero el daño institucional ya fue hecho.