El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) condena los hechos de represión que tuvieron lugar el sábado durante el desalojo de la ruta 50 en la provincia de Salta, ocupada por trabajadores del Ingenio San Martín de Tabacal que reclamaban por la reapertura de la fábrica y la reincorporación de 57 compañeros cesanteados. Resulta alarmante la extensión de la represión generalizada y desmedida hacia el interior del barrio Villa Las Rosas, que provocó heridas a al menos 40 personas, entre ellas una niña de dos años que fue alcanzada por perdigones policiales.
Tabacal Agroindustrias es controlada por la multinacional estadounidense Seaboard Corporation que hacia finales de la década de 1990 se hizo cargo de la administración del Ingenio San Martín del Tabacal, propiedad de la familia Patrón Costas. Durante los últimos años, además de la política de reducción de la cantidad de trabajadores, la empresa ha desarrollado estrategias de acción antisindical, como la presentación de denuncias penales frente a conflictos laborales. El último año, en particular, ante reclamos por mejores ingresos salariales y la limitación de medidas que habilitaban la tercerización laboral, la empresa despidió a 57 trabajadores, situación que agravó el conflicto. Tal como afirma la investigadora Victoria Basualdo en el informe anual 2012 del CELS sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, la tradición antisindical acompaña a muchas de las empresas extranjeras presentes en el país.
La violencia represiva reitera formas ilegítimas que el Estado provincial y las empresas utilizan como respuesta a conflictos laborales. Durante 2011, 18 provincias argentinas –Salta entre ellas- adhirieron al acta de acuerdo “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, que el Ministerio de Seguridad de la Nación puso en consideración del Consejo de Seguridad Interior, integrado por las autoridades de seguridad de todas las provincias.
El documento consiste en 21 principios de regulación de la actuación policial en manifestaciones, entre los que se prohíbe el tipo de abusos en el uso de la fuerza que han sido desplegados en Tabacal. Sin embargo, desde aquel acuerdo se han sucedido reiterados operativos represivos que contradicen los principios en provincias firmantes. El rol del gobierno federal no puede limitarse a proponer este compromiso, sino que debe acompañarlo con fuertes mensajes políticos y gestión técnica para lograr cambios efectivos en las respuestas federales y provinciales, de modo de fortalecer y extender el principio de gestión no violenta de los conflictos sociales en todo el país.
El gobierno de Salta, la policía provincial y los funcionarios judiciales involucrados en los hechos del sábado son responsables de la represión y la irrupción sin autorización en las viviendas del barrio y deben garantizar que no se produzcan nuevos episodios de violencia. Resulta indispensable la búsqueda de soluciones a la afectación de derechos laborales y el respeto al acta de principios de actuación policial en manifestaciones públicas que la provincia suscribió en 2011.