El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) culminó su alegato en la ciudad de Rawson en el juicio oral y público por la Masacre de Trelew con el pedido de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para los ex marinos Rubén Norberto Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Por su parte, para Jorge Bautista se solicitó la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, de acuerdo a la ley vigente al momento de los hechos. Asimismo, la abogada del CELS Carolina Varsky requirió que se investigue la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, ya que podría ser autor del delito de encubrimiento y la deportación de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y pesa sobre él la acusación de haber sido uno de los autores de la masacre.
En el alegato se señaló que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como `comunistas´, `subversivos´, `terroristas´, etc”. Y agrega: “de tal suerte, para el momento en que se producen los hechos de la causa, que configuran el delito de homicidio y de tortura, se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil que por su magnitud, características y sistematicidad, debe ser considerada como suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
En esta causa se juzgaron los hechos originados el 15 de agosto de 1972, con la fuga de veinticinco presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Rawson. En esa oportunidad, seis de los prisioneros lograron escapar a Chile y los 19 restantes se entregaron en el aeropuerto de Trelew al capitán de navío Luis Emilio Sosa, segundo jefe del Batallón de Infantería Marina de la base aeronaval Almirante Zar.
Seis días después, en la madrugada del 22 de agosto, 16 de los prisioneros fueron asesinados por personal militar. Murieron Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, también fueron fusilados pero lograron sobrevivir y dar su testimonio antes de ser desaparecidos durante la última dictadura militar.
El tribunal está integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella. La fiscalía está a cargo de Horacio Arranz, Dante Vega y Fernando Gelvez. Se espera la lectura de las sentencias para las primeras semanas de octubre.
Los abogados del CELS y Eduardo Hualpa representan a los familiares de Pedro Bonet, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey, Miguel Polti, Alberto Camps y Mario Delfino. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también es querellante en la causa.