El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó a los legisladores de la provincia de Buenos Aires que rechacen el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo provincial que restringe las excarcelaciones por portación de armas de fuego ilegítimas. Esta iniciativa que promueve el uso masivo de la prisión preventiva constituye una más de las respuestas demagógicas al problema de la inseguridad que, como en otras oportunidades, no rinden cuentas de su fracaso y se justifican en que la fuerza para reprimir o conjurar el delito nunca es suficiente.
La propuesta se enmarca en los discursos que procuran resolver las demandas sociales de seguridad a través del endurecimiento del sistema penal. Nuevamente, se pretende implementar políticas de ‘mano dura’ como única estrategia de intervención, propiciando la generalización del encierro sin la menor evaluación o preocupación por las consecuencias sociales que esto genera y sin reparo respecto de su demostrada ineficacia.
De ser aprobada, esta iniciativa ampliará los márgenes de acción de los funcionarios policiales durante las detenciones, lo que implicaría una grave amenaza por parte de una fuerza policial con importantes problemas de abuso de autoridad y corrupción.
El informe oficial de la Comisión que investigó el secuestro y homicidio de Candela Sol Rodriguez, demostró que las falencias de las políticas de seguridad no se saldan con más encarcelamiento, sino con reformas que den respuesta a las graves deficiencias en materia de investigación criminal y aborden la complicidad policial y política con las redes de ilegalidad.
En relación al sistema penitenciario,el citado proyecto de restringir las excarcelaciones promoverá el aumento desmedido de la cantidad de personas privadas de libertad sin condena y agravará las paupérrimas condiciones de detención en los lugares de encierro de la provincia.
Resulta indispensable que la Legislatura provincial tome conciencia del impacto que una reforma de estas características causará sobre el ejercicio de derechos en la provincia y en el funcionamiento del sistema penal y penitenciario.
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