El asesinato de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MoCaSE-VC), ocurrido ayer por la tarde en el Paraje Simbol, ubicado en el límite de las provincias de Santiago del Estero y Salta, es una nueva demostración de la urgente necesidad de detener los desalojos de campesinos y legislar en consecuencia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acompaña a los familiares y compañeros de Miguel y exige justicia por el brutal asesinato.
De acuerdo a lo manifestado por el MoCaSE-VC, Galván fue asesinado de una puñalada en la yugular por una persona contratada por un empresario de la provincia de Salta. La organización manifestó también que familias de la zona ya habían sido víctimas de hostigamientos por parte de empleados de la empresa agropecuaria La Paz S.A. de Rosario de la Frontera, Salta, que pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela.
Este caso, al igual que el homicidio de Cristian Ferreyra ocurrido en San Antonio también al norte de Santiago del Estero en noviembre de 2011, constituye un emergente de los conflictos sociales derivados de la apreciación de la tierra, que amenaza los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. Los diferentes grupos afectados alertaron en reiteradas oportunidades sobre intimidaciones y atentados de los que son víctimas.
En diciembre de 2011, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas manifestó preocupación frente al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y agentes privados contra personas que participan en actividades en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales; en particular en el contexto de disputas por la tierra. En esa oportunidad, el Comité instó al Estado argentino a proteger a los activistas sociales contra cualquier forma de intimidación, amenaza y uso desproporcionado de la fuerza.
El Estado federal debe garantizar los derechos humanos de las personas involucradas en estos conflictos y establecer instancias de articulación con las provincias que permitan encontrar soluciones de fondo a los reclamos y prevengan el uso de la violencia. Por su parte, resulta indispensable que el Congreso de la Nación discuta el proyecto de ley contra los desalojos de tierras rurales de campesinos, consensuado por distintas organizaciones e ingresado a la Cámara de Diputados en noviembre de 2011. Por esta razón, el CELS adhiere a la conferencia de prensa que realizará el MoCaSE-VC el martes 16 de octubre a las 11 en el Salón José Luis Cabezas del Congreso.