El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó hoy a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en la Masacre de Trelew. Los jueces consideraron que los hechos ocurridos en agosto de 1972 constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. Por otra parte, el tribunal absolvió a quien fuera jefe de la Base Almirante Zar al momento de los hechos, Rubén Norberto Paccagnini, y al juez militar designado para realizar la investigación, Jorge Bautista.
El tribunal -integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Monella- también ordenó que se solicite la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y está acusado de haber sido uno de los autores de la masacre. Sin embargo, no se pronunció sobre el pedido de investigación de la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, solicitada por la querella por considerar que podría ser autor del delito de encubrimiento.
En el fallo, los jueces afirmaron que “los sucesos de Trelew fueron dados en un marco de ataque generalizado y sistemático” y concluyeron: “El hecho ocurrido en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, dentro de ese plan de lucha antisubversiva, no se agotó allí ni fue un suceso aislado, sino que por el contrario venía precedido de otros y también otros lo continuarían como se ha referenciado, sin soslayar por supuesto toda la etapa posterior que vendría después”.
En esta causa se juzgaron los hechos originados el 15 de agosto de 1972, con la fuga de veinticinco presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Rawson. En esa oportunidad, seis de los prisioneros lograron escapar a Chile y los 19 restantes se entregaron en el aeropuerto de Trelew al capitán de navío Luis Emilio Sosa, segundo jefe del Batallón de Infantería Marina de la base aeronaval Almirante Zar.
Seis días después, en la madrugada del 22 de agosto, 16 de los prisioneros fueron asesinados por personal militar. Murieron Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, también fueron fusilados pero lograron sobrevivir y dar su testimonio antes de ser desaparecidos durante la última dictadura militar.
El equipo de Litigio del CELS, integrado por Carolina Varsky, Daiana Fusca y Andrea Rocha, junto al abogado Eduardo Hualpa representan a los familiares de Pedro Bonet, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey, Miguel Polti, Alberto Camps y Mario Delfino. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también es querellante en la causa.