Por Pablo Ferreyra * y Diego Morales **
El 20 de octubre de 2010, Mariano participaba de una manifestación junto a empleados tercerizados de la ex línea ferroviaria General Roca que reclamaban por el pase a planta permanente y la reincorporación de trabajadores despedidos de distintas empresas que prestaban servicios para la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe). Fue muerto por una patota que respondía a la dirigencia sindical de la Unión Ferroviaria (UF) que, con la complicidad de funcionarios de la Policía Federal Argentina, atacó al grupo de manifestantes con armas de fuego con el objetivo de aleccionar a los tercerizados.
Se cumplen dos años de la muerte de Mariano. Llevamos casi tres meses desde el inicio del juicio oral. El tránsito por la instancia judicial va demostrando jornada tras jornada lo que siempre supimos: el asesinato de Mariano no fue un hecho aislado ni una casualidad. Los testimonios recogidos durante estos primeros meses del desarrollo del debate y la investigación anterior dejaron al descubierto un complejo entramado de intereses políticos y económicos que involucran a sindicalistas, empresarios, barrabravas y funcionarios policiales y judiciales. El apoyo y acompañamiento recibidos dan cuenta del interés social por desterrar las redes que cruzan corrupción con negocios turbios, sindicalismo empresario y violencia.
Pero también es necesario echar luz sobre los motivos que llevaron a Mariano a la manifestación. Durante la década del noventa, en un proceso de precarización de los derechos laborales, por vía legislativa y reglamentaria, la tercerización se constituyó como un modo de organización empresaria que buscaba reducir costos y fragmentar a los trabajadores organizados. Luego de las privatizaciones y el despido masivo de trabajadores, en muchos casos a través de un perverso mecanismo de retiro voluntario inducido, las tercerizadas, contratistas o subcontratistas emergieron como refugio que permitía a muchos trabajadores ex planta del Estado reciclarse en estas empresas. Este proceso no habría sido posible sin el aporte sustancial de una parte considerable de la dirigencia sindical burocratizada, que apoyó y colaboró con el proceso de desguace menemista del Estado.
La precarización laboral a través de la tercerización impactó tanto en los puestos de trabajo como en el tipo de contrato laboral. En ciertos casos, trabajadores que realizaban (y realizan) las mismas tareas que el personal permanente de una gran empresa, carecían (y aún carecen) de estabilidad laboral, de representación sindical, de condiciones salariales equivalentes, así como de seguridad en el trabajo y de cobertura de salud. En otros, están en condiciones desventajosas respecto de los “regularizados” en términos convencionales.
De allí que una parte importante de la conflictividad laboral de los últimos años se ha suscitado por las desigualdades que viven día a día trabajadores de primera frente a trabajadores de segunda. Esto, que no sólo repercute en términos de costos para las empresas, ha dado lugar a un enfrentamiento inverosímil e innecesario entre sindicatos y entre los propios trabajadores.
El caso del ferrocarril, si bien no es el único, sin duda constituye uno de los más emblemáticos representantes del fenómeno descripto.
En los últimos años, se presentaron algunas propuestas legislativas que buscan restituir la solidaridad que asigna responsabilidades a las empresas madre sobre los incumplimientos de sus contratadas. Del mismo modo, varios sindicatos han logrado incluir en sus convenios colectivos de trabajo cláusulas que determinan límites a la tercerización de funciones convencionadas, obligaciones de afiliación sindical y otros aspectos. También es posible señalar algunas experiencias de lucha por parte del movimiento obrero en las que se ha logrado reducir los supuestos de tercerización, como son los casos de los trabajadores del subterráneo y de la televisión. Sin embargo, aún hoy es difícil precisar el verdadero impacto de la tercerización como forma de precarización laboral.
Es imprescindible avanzar en un debate abierto que logre llegar a consensos que concluyan en medidas amplias de carácter legislativo que promuevan un freno a la precarización en general y a la tercerización disciplinadora en particular. En los últimos años se ha demostrado la madurez necesaria para ampliar derechos como nunca antes y, de este modo, desterrar buena parte de las herencias del neoliberalismo. Sin embargo, el debate acerca de la tercerización es aún una deuda pendiente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la familia Ferreyra, junto a representantes sociales y sindicales y referentes del campo académico y político, consideran indispensable poner en debate público formas de clausurar los efectos de los mecanismos de vulneración de los derechos humanos de los trabajadores, arraigados y naturalizados a lo largo de las últimas dos décadas. Aparece como algo complejo de asir en la medida en que sus impactos son difíciles de cuantificar de un modo riguroso. La ausencia de datos es una constante que afecta la gran mayoría de las investigaciones al respecto. Aun así, las implicancias cualitativas son aprehensibles.
La consigna Justicia por Mariano implica mucho más que el reclamo por la determinación de las responsabilidades penales. Significa también consolidar las transformaciones que permitan visibilizar y avanzar en la lucha contra el dispositivo tercerizador, disciplinador y precarizante.
* Hermano de Mariano.
** Director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.
Artículo publicado en la edición del 20 de octubre de 2012 del diario Página 12