Las organizaciones firmantes celebramos la aprobación por unanimidad del proyecto de ley de creación del sistema nacional de prevención de la tortura por el Senado de la Nación. Su efectiva implementación constituirá una importante contribución a la eliminación de la tortura como parte estructural de la cultura y del sistema de gobierno de las instituciones de encierro de nuestro país.
Destacamos la labor que llevaron adelante referentes de las distintas fuerzas políticas en ambas cámaras para lograr un proyecto que será modelo para la región.
El proyecto, propuesto por veintidós organizaciones que trabajan contra la tortura en todo el país, y que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre de 2011, tuvo modificaciones durante su paso por el Senado, por lo que deberá regresar a la cámara baja para su ratificación. Es indispensable que se avance en su tratamiento antes de que concluya el año para no demorar más la aplicación de un mecanismo que articula todas las instancias de monitoreo y control existentes con un nuevo comité nacional y estructuras de monitoreo provinciales. Su puesta en marcha implicará generar una mayor apertura de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas del país para prevenir las graves violaciones de derechos humanos a las que se encuentran sometidas las personas recluidas.
La aprobación de este proyecto por el Senado es un paso más del largo proceso impulsado por este grupo de organizaciones sociales, defensores públicos, integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y referentes políticos que trabajaron de manera conjunta para llegar a este texto y adecuar la obligación internacional asumida por el Estado en 2004 a la realidad argentina.
El proyecto prevé un mecanismo de visitas y monitoreo permanente de las instituciones y fija estándares para el acceso a la información vinculada con las personas privadas de libertad y con la protección de las víctimas y testigos de casos de tortura. La propuesta contempla también la creación de mecanismos provinciales articulados con el sistema nacional, integrado por un comité de prevención, un consejo federal y los entes públicos y organizaciones no gubernamentales interesados en el cumplimiento del Protocolo.
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) – Tucumán y Jujuy
Asociación de Defensores de Derechos Humanos – Provincia de Buenos Aires
Asociación Pensamiento Penal (APP)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) – Rosario – Santa Fé.
Grupo de Mujeres de la Argentina – Observatorio de encierro (OEDDHH)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro
Secretaria de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora – Provincia de Buenos Aires