El procesamiento de José Ángel Pedraza, Juan José Riquelme, Luis Escobar, Ángel Stafforini y Octavio Aráoz de Lamadrid confirmado hoy por la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en la causa por sobornos durante la investigación por el homicidio de Mariano Ferreyra reafirma la hipótesis de que existían fuertes vínculos entre funcionarios judiciales, dirigentes sindicales y presuntos traficantes de influencias.
El fallo rechaza las nulidades intentadas por las defensas, como el cuestionamiento sobre la prueba recolectada en la causa y avala la contundencia de las escuchas, el dinero obtenido en el allanamiento que se realizara en el estudio jurídico del ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y otros elementos probatorios.
A su vez, el dictamen señala que el sorteo mediante el cual se determinó la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal que debía intervenir en la causa por el asesinato de Ferreyra “no fue dejado al azar sino que, por el contrario, los diversos protagonistas se habrían ‘asegurado’ su resultado”. La Cámara expone que Luis Escobar -señalado en las escuchas como “el señor de las teclas”- responsable por la asignación en cuestión, “tenía la real, efectiva y no remota posibilidad de manipular un falso sorteo”. La manipulación del sorteo estaba dirigida a que la Sala rechazara el procesamiento de los acusados por el crimen de Mariano y esto impidiera subir en la responsabilidad de Pedraza.
Los jueces de la Sala VI, con su decisión, reafirman las relaciones existentes entre los imputados y algunos jueces de la Cámara de Casación, y entre el “profesional del lobby”, como identifica el juez de instrucción al ex servicio de inteligencia Juan José Riquelme y los líderes sindicales. Inclusive, el fallo reconoce que más allá de las recurrentes menciones por tres de los procesados al “amigo Eduardo” (en referencia al camarista Eduardo Riggi), de no salir sorteada la Sala elegida por los imputados “la maniobra, posiblemente, se hubiera mantenido en pie, pues tanto Riquelme como Aráoz de Lamadrid alegaban tener ‘llegada’ con los Jueces Mitchell y González Palazzo”.
Estas estrechas relaciones que aparecen en diversas constancias de la causa penal fueron las que motivaron la denuncia realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el citado juez Eduardo Riggi ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y que, actualmente, se encuentra en plena etapa de investigación.
En definitiva, el fallo ratifica la necesidad de profundizar la mirada sobre los vínculos entre funcionarios del poder judicial, operadores lobbystas y sindicalistas que quedaron expuestos tras la primer etapa de investigación. Al mismo tiempo, plantea una oportunidad para que se pongan al descubierto estas lógicas de funcionamiento y se avance con la democratización de la justicia federal.
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