Durante diciembre de 2001, la Argentina transitó una serie de acontecimientos que marcaron su historia institucional y política reciente. Frente a las manifestaciones de protesta y los saqueos que se produjeron en todo el territorio nacional, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó el homicidio de más de treinta personas, centenares de heridos y cuatro mil quinientos detenidos en el marco del Estado de Sitio, dictado irregularmente por decreto en lugar de ser tratado por el Congreso, como lo establece la Constitución Nacional. El poder político, las instituciones de seguridad y la justicia fallaron en su deber de asegurar la vida, la integridad y la libertad de expresión de los habitantes.
Las responsabilidades investigadas recorren desde quienes apretaron el gatillo hasta los diferentes niveles de decisión política. La causa penal estuvo plagada de estrategias dilatorias y desidia en el accionar judicial. A once años de los hechos aún permanece signada por la impunidad. El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadío. Luego, por mayoría y con la disidencia del juez Horacio Cattani, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal homologó ese sobreseimiento. Dicha resolución fue impugnada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público Fiscal. El pasado 12 de diciembre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal realizó una audiencia pública tras lo cual deberá resolver sobre la responsabilidad del ex presidente por las muertes y lesiones producidas a diversos manifestantes durante la represión policial que tuvo lugar el 20 de diciembre.
El eco de los hechos de diciembre de 2001 y el impacto de la represión de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón–donde fueron asesinados los jóvenes manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán–dieron lugar a diversos cambios en el abordaje oficial respecto de las protestas sociales. Desde 2002, con altibajos, se asumió una política de contención de la violencia policial en el marco de protestas, que luego fue ratificada y profundizada por Néstor Kirchner desde su asunción en 2003, bajo el principio de “no represión”. Con el nuevo gobierno, se transformó el modo de relación del Estado con los movimientos sociales y, en particular, las formas en que se plantearon los operativos de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas.
Sin embargo, como hemos analizado en los Informes Anuales de 2011 y 2012, esa política de contención de la violencia policial frente a conflictos sociales que se destacó desde 2003, presentó graves debilidades a nivel nacional y provincial a partir de 2010, cuando volvieron a reiterarse muertes en estos contextos. Diferentes hechos evidencian la necesidad de reencauzar el dispositivo de abordaje no violento de los conflictos sociales.
El CELS junto a otros actores sociales ha enfatizado la necesidad de sistematizar e institucionalizar los principios de no represión y de gestión política de los conflictos sociales. Esto supone la sanción y reforma de normativas de diverso nivel, la transformación de culturas políticas, judiciales y policiales y, fundamentalmente, de sus prácticas cotidianas en situaciones de diversa intensidad como cortes de ruta, marchas o resistencias a desalojos.
Abordar los conflictos sociales sin violencia debe ser la piedra fundamental de la gestión política y una garantía para el fortalecimiento de los necesarios canales de interlocución. El CELS promueve principios de regulación del accionar del Estado en estas circunstancias y que, de obtener rango legislativo, también resultarían vinculantes para las acciones ordenadas por jueces y fiscales. Se trata, en definitiva, de entender la conflictividad como parte de la vida política y no como objeto de persecución penal y policial.
El CELS –que representa a María Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva; a María Nieves Marina de Lamagna y Karina Lamagna, madre y hermana de Diego Lamagna; y a Jair Pérez Gorospe- exige justicia para las víctimas y sus familiares en un caso emblemático para la historia social y política de nuestro país.