Este jueves 6 de diciembre a las 12.30, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal llevará a cabo una audiencia oral y pública en el marco de la causa 14.278 “De La Rúa s/ recurso de Casación”, donde las partes formularán sus alegatos sobre la situación procesal de De La Rúa. En dicho expediente judicial, se debe resolver sobre la responsabilidad del ex presidente Fernando De la Rúa por las cinco muertes y las ciento diecisiete lesiones producidas a diversos manifestantes durante la represión policial que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires.
El ex presidente fue sobreseído en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadío. Luego, por mayoría y con la disidencia del juez Horacio Cattani, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal homolgó ese sobreseimiento. Dicha resolución fue impugnada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público Fiscal, cuyos recursos se encuentran pendientes de resolución en la Cámara de Casación.
En los primeros días de mayo de este año se informó que la Cámara Federal de Casación Penal había emitido un fallo confirmando la decisión. Sin embargo, dicha información fue errónea, ya que la Cámara de Casación no se expidió sobre el fondo de la cuestión ni realizó la audiencia correspondiente que la habilita para emitir un fallo de esta naturaleza; audiencia que se realizará este jueves.
Para resolver en este caso, la Sala I de la Cámara de Casación ha quedado integrada por los jueces Raúl Madueño, Luis Cabral (juez subrogante) y Eduardo Riggi (juez subrogante). Por distintas razones, el CELS recusó a los jueces Cabral y Riggi. No obstante, dichas recusaciones fueron rechazadas por el tribunal.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 se realizaron diversas manifestaciones en todo el país. El 19, mediante el decreto 1678/01, el presidente Fernando de la Rúa dictó el estado de sitio en todo el país, transgrediendo las facultades constitucionales al no cumplir requisitos necesarios para su dictado. La violenta represión que se desató tuvo como consecuencia la muerte de treinta personas, centenares de heridos y cuatro mil quinientos detenidos.
Sólo en el área céntrica de la ciudad de Buenos Aires, la jornada dejó como saldo la muerte de 5 personas, 227 heridos y cerca de 300 detenidos. Ni bien comenzaron las manifestaciones, en el seno del gobierno nacional se realizaron diferentes reuniones entre funcionarios del poder ejecutivo y la alta cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA) para definir las políticas que se llevarían a cabo para controlar las manifestaciones populares. Gastón Riva y Diego Lamagna fueron asesinados el 20 de diciembre en las inmediaciones de Avenida de Mayo y 9 de julio. En la causa se manifiesta la actuación coordinada de la PFA bajo órdenes del gobierno y no de manera autónoma.
El CELS representa a María Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva; a María Nieves Marina de Lamagna y Karina Lamagna, madre y hermana de Diego Lamagna; y a Jair Pérez Gorospe, detenido y herido durante la represión.