Frente a las informaciones que tomaron público conocimiento sobre la detención del oficial principal de la policía bonaerense Julio Diego Torales, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH-La Matanza), como querellantes en la causa por su desaparición y torturas, desean aclarar que:
– Luciano fue constantemente hostigado por la policía, hasta su desaparición el 31 de enero de 2009. En septiembre de 2008, fue detenido y golpeado por efectivos del destacamento policial que funcionaba en Lomas del Mirador y permaneció alrededor de siete horas en una cocina, donde fue golpeado de manera brutal por varios policías y uno de ellos lo amenazó de muerte. Por esta última causa fue detenido el oficial Torales en el día de hoy.
– Esta medida no se produjo por disposición de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires como difundieron algunos medios, sino que se llevó a cabo por orden del juez Gustavo Banco, a partir de la solicitud de los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas luego de la presentación de la familia como particular damnificada. Esto podía haberse resuelto cuatro años atrás, cuando luego de los primeros días de la desaparición, la familia denunció este hecho a la primera fiscal de la causa Roxana Castelli. La fiscal delegó las tareas de investigación en la misma dependencia policial sospechada y su actuación negligente impidió que se avance en las dos causas. Por este motivo fue denunciada ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados por los familiares, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – La Matanza, tal como se informó en la conferencia de prensa del pasado 27 de diciembre.
– La imputación contra el oficial Torales es por la figura penal de “severidades”. Se trata de una calificación que no se ajusta a los hechos que se denunciaron y que no refleja la gravedad y la intensidad de la afectación sufrida por un joven de 16 años que permaneció más de 7 horas detenido ilegalmente y que fue golpeado por varios policías, con los antecedentes de hostigamiento que venía sufriendo. Es fundamental que se reconozca judicialmente que se trató de un caso de torturas.
– El avance de esta causa judicial y particularmente, la detención de Torales acreditan la historia de hostigamiento denunciada y refuerzan los argumentos que señalan la participación policial en la desaparición de Luciano.
Estos pocos resultados que hoy se conocen son consecuencia directa del esfuerzo de la familia y de las organizaciones que la acompañan por dar visibilidad a un caso que hasta la actualidad fue negado por las autoridades políticas y judiciales de la provincia. El pedido de los fiscales, resuelto por el juez Banco, constituye sin dudas un avance de consideración, pero es necesario reafirmar que la investigación recién logró dar algunos pasos tras cuatro años de irregularidades en la instrucción, de maniobras de encubrimiento y de impunidad. Durante todo este tiempo, la actitud del gobierno provincial fue, al menos, condescendiente con el pésimo accionar judicial y de la policía. No hay imputados en la causa principal. Por esto, junto con la familia, en diciembre pasado las organizaciones querellantes hicimos una presentación a la justicia provincial para que se investigue el caso como desaparición forzada de personas y pase a la justicia federal. Ante la gravedad de un caso de desaparición forzada se necesita que la respuesta estatal sea acompañada de una fuerte voluntad política por encontrar y sancionar a los responsables y prevenir que nuevos casos sucedan.