El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresa su solidaridad con las víctimas y los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, ocurrida la mañana del 22 de febrero de 2012, cuando un tren que arribaba a la terminal de la línea Sarmiento chocó contra el paragolpes de contención de la estación en hora pico, provocando la muerte de 51 personas y heridas a más de 700. La causa judicial en la que se investigan las responsabilidades penales y civiles de empresarios y funcionarios públicos se elevó a juicio oral y hasta el momento continúa avanzando con celeridad. Es imprescindible que se esclarezcan las razones de la tragedia y se condene a todos los responsables para garantizar justicia a las víctimas y sus familiares. Además, es central que se tomen las medidas necesarias para evitar la repetición de accidentes prevenibles.
Los hechos del 22 de febrero de 2012 plantean la urgente necesidad de revisar el modelo de prestación de servicios públicos implantado con las privatizaciones de la década de 1990 ya que, independientemente de quién gestiona el servicio, el Estado está obligado a garantizar y controlar la prestación en condiciones de calidad, seguridad, eficiencia, accesibilidad, universalidad e igualdad. En definitiva, se trata de cambiar las políticas públicas de prestación y regulación del servicio público de transporte de pasajeros como un vector más de la inclusión social y de la protección plena de derechos.