El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifiesta profunda preocupación ante el desplazamiento arbitrario de la jueza Mariana Mota del fuero penal federal de la República Oriental del Uruguay. Mota se encontraba a cargo de más del 40 por ciento de las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar uruguaya entre 1973 y 1985, pero sorpresivamente ayer por la mañana la Suprema Corte de Justicia le comunicó la decisión de trasladarla a un juzgado civil.
El proceso a partir del cual la región protagoniza un giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente, es uno de los hechos más significativos en materia de justicia transicional en el siglo XXI. Se han producido importantes avances, pero aún resta mucho por hacer para garantizar su continuidad y cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. En este contexto, el apartamiento de Mota de la Sede Penal de 7° Turno de Montevideo, de la cual estaba a cargo, pone un freno al proceso de verdad y justicia y constituye un grave retroceso, no sólo para el país hermano sino para toda la región.
En su sentencia del caso Gelman vs Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado uruguayo a instrumentar las formas más idóneas para investigar estos crímenes y garantizar justicia para las víctimas. Para el CELS, el desplazamiento de una jueza que históricamente ha impulsado estas investigaciones con responsabilidad y profesionalismo, como Mariana Mota, es contraria a esta obligación. Bajo la justificación de presuntos criterios de movilidad interna del Poder Judicial, la decisión del máximo tribunal esconde la intención de detener las investigaciones de estos crímenes y brindar una señal de alerta para cualquier otro magistrado que pretenda avanzar al respecto.