El martes 27 de marzo, Cristobal Wallis, integrante del equipo de la fundación Asociana que asesora a las comunidades indígenas que viven en los lotes 55 y 14 de la provincia de Salta, fue agredido por un poblador criollo de la zona con golpes de puño y patadas que la causaron lesiones en varias partes del cuerpo. El hecho se produce en el contexto de un incremento de conflictos y situaciones de tensión entre integrantes de las comunidades indígenas y un sector minoritario de la población criolla, propiciado por el grave atraso estatal en la entrega de tierras para las familias criollas y de reconocimiento y titulación del territorio indígena para las comunidades.
La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat se compone de más de 40 comunidades que reclaman la titulación de sus tierras de uso tradicional desde 1984. Ante el desinterés del Estado provincial y nacional en la aplicación de mecanismos efectivos de protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la Asociación presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998 con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Este caso internacional es de suma relevancia para los pueblos y comunidades indígenas argentinos en su lucha para ser reconocidos como los verdaderos dueños de las tierras que tradicionalmente ocupan. La decisión que se adopte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos servirá como antecedente fundamental para los múltiples reclamos que se desarrollan a lo largo de nuestro país para lograr la implementación efectiva del derecho a la tierra y al territorio.
Los hechos de la semana pasada dan cuenta de las graves consecuencias que produce la falta de solución del conflicto y de los efectos de un proceso demorado y dilatado de entrega de tierras encarado por el gobierno de la provincia en el año 2007. Resulta esencial que el Estado provincial y el nacional adopten medidas urgentes para resolver la titulación de las tierras para las familias criollas y las comunidades indígenas, no solo para prevenir episodios de violencia, sino para que puedan desarrollarse conforme a sus identidades culturales.
Luego de treinta años de que comenzaran los reclamos por la tierra, y quince de trámite internacional, es preciso expresar una profunda preocupación y repudio a las situaciones de violencia, y destacar que, durante todo este tiempo, la Asociación se ha manifestado a favor del diálogo y participado de sucesivos espacios de trabajo con el objetivo de lograr una solución pacífica del conflicto.