Las organizaciones firmantes, integrantes de la Red por la Plena Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (ley n°26.657), repudian la represión de la Policía Metropolitana sobre personas usuarias y trabajadores del Hospital Borda que resistían a la demolición del Taller Protegido N° 19. La brutal irrupción de la fuerza de seguridad porteña generó más de 40 heridos de gravedad y al menos siete personas detenidas, incrementando así la violencia ejercida en una institución donde históricamente se ha segregado a personas con padecimientos mentales bajo el pretexto de brindarles un tratamiento adecuado.
Esto sucede en un contexto de creciente represión y criminalización de los conflictos sociales en el ámbito de la ciudad. La escalada de violencia desmedida por parte de la Policía Metropolitana comenzó con la represión de la toma del Parque Indoamericano en 2010. Continuó, más recientemente, con el ataque a los manifestantes de Parque Centenario en enero de este año y el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín en marzo, donde incluso hubo fotógrafos y trabajadores de prensa heridos con balas de plomo. En todos estos casos, el gobierno porteño privilegió las respuestas más violentas frente a situaciones de conflicto, desechando canales de diálogo y la búsqueda de una salida negociada.
Esta acción del ejecutivo porteño se da en el marco de un proceso judicial en curso, impulsado por trabajadores del hospital, en el cual se solicitó una medida cautelar para impedir la demolición hasta tanto no hubiera una decisión judicial definitiva. Si bien la jueza había rechazado la medida, la apelación por parte de la Defensoría General de la Ciudad generó que los camaristas realizaran una inspección ocular en el lugar el miércoles, a fin de encontrar la resolución más adecuada al conflicto. La decisión arbitraria de implementar la demolición, aún con una medida cautelar en discusión, generó un daño irreparable que desnaturalizó por completo el reclamo judicial.
Por su parte, la Ley Nacional de Salud Mental establece que las políticas públicas en la materia deben reorientar sus recursos desde los históricos modos de intervención manicomiales hacia otros de atención comunitaria y promover acciones que garanticen la inclusión social de las personas que han sido excluidas del ejercicio de derechos fundamentales. Bajo el pretexto de implementar la ley nacional y la de Ciudad n°448, el gobierno de la ciudad desocupa espacios de los hospitales monovalentes y mantiene a la internación psiquiátrica como única respuesta pública, en lugar de proponer medidas inclusivas y avanzar hacia la desmanicomialización.
Exigimos que se inicien las investigaciones judiciales y administrativas correspondientes y que el gobierno porteño asuma la responsabilidad política por la demolición y por el accionar represivo de la Policía Metropolitana.
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