En la mañana de hoy tuvo lugar la audiencia de alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el crimen impune del subcomisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Jorge Gutiérrez, asesinado en 1994. Representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el abogado Luis Valenga, acompañando a la familia, participaron de la audiencia en San José de Costa Rica.
En los alegatos, los representantes de las víctimas plantearon al tribunal regional que este caso constituye una expresión paradigmática de las violaciones a los derechos humanos que se cometen para encubrir tramas de ilegalidad en las que hay fuertes intereses económicos y participación de fuerzas de seguridad y políticas. Y, asimismo, resulta representativo de las deficiencias estructurales del sistema de justicia bonaerense y de los gobiernos para contrarrestar el enquistamiento en el Estado de este tipo de redes.
En la exposición se concentraron en que la investigación judicial en la que se juzgó al autor material del homicidio no fue sustanciada de acuerdo a los estándares internacionales exigibles y que, de conformidad con la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, merecería ser calificada de “fraudulenta”. Para ello, explicaron cómo miembros de la Policía Federal y de la Bonaerense desarrollaron con gran activismo todo tipo de maniobras de encubrimiento respaldadas por las autoridades policiales de ese entonces.
La familia valoró el reconocimiento de responsabilidad internacional asumido por el Estado, pero solicitó expresamente a la Corte que ordene la reapertura de las investigaciones y el juzgamiento de los autores materiales e intelectuales del crimen. También que ordene al Estado argentino la implementación de medidas dirigidas a prevenir futuras violaciones, en relación tanto con las fuerzas de seguridad como con el sistema de justicia. En consecuencia, que se requiera el avance efectivo de reformas institucionales profundas en las principales fuerzas de seguridad y en los sistemas judiciales del país para garantizar que hechos como éste no se vuelvan a repetir.
La representación del Estado argentino, por su parte, admitió la trascendencia social e institucional del caso y el valor que una sentencia de la Corte puede tener para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina. Así, destacó los desafíos que las democracias enfrentan para desarticular las redes de ilegalidad que involucran agentes estatales y subrayó el rol clave que pueden tener las decisiones del Sistema Interamericano en tal sentido.
Jorge Omar Gutiérrez, hermano del actual intendente de Quilmes Francisco Gutiérrez, fue asesinado de un disparo en la nuca el 29 de agosto de 1994, cuando viajaba hacia Quilmes en un tren de la ex línea Roca. Según varios testigos, el autor material del crimen fue un miembro de la Policía Federal, junto a un cómplice que se hacía pasar por tal, para evitar que siga investigando un depósito fiscal sospechoso, presuntamente vinculado con el caso de la “Aduana Paralela”.
El caso es también la historia de lucha y la perseverancia de las víctimas en la Argentina. La familia Gutiérrez no bajó los brazos en todos estos años para enfrentar a un Estado responsable del asesinato y de las maniobras para encubrirlo. Lo que se pudo dilucidar fue gracias al esfuerzo de la familia que siempre supo que debía resistir y pelear por hallar la verdad. A pesar de las incansables gestiones, después de dieciocho años, el Estado argentino no pudo brindarles una respuesta judicial que les permitiera conocer lo sucedido e identificar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como a los responsables de haber mantenido la impunidad.