El pasado martes 11 de junio el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa convocó a una audiencia en la causa penal en la que se investigan los hechos del 23 de noviembre de 2010 donde perdió la vida, víctima de la represión policial, Roberto López, miembro de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh – La Primavera. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a la comunidad, junto a la abogada Marina Morales Ríos, acompañaron a la viuda de Roberto, Erma Peteñi, para discutir su presentación como querellante que le había sido negada tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones. En la justicia provincial pesan cuatro causas penales sobre el qarashe Felix Díaz y otros miembros de la comunidad. En todas el accionar judicial se ha centrado en criminalizar a los indígenas, sin garantizarles verdadero acceso a la justicia para defender sus derechos frente a las prácticas violentas de la policía formoseña.
En agosto de 2012 la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa a cargo de Ramón Alberto Sala revocó el sobreseimiento del qarashe, Félix Díaz, en la causa por la represión de noviembre de 2010, recomendó la recalificación como instigador del homicidio y confirmó el rechazo a que Erma Peteñi se constituyera como querellante, por lo que se le negaba legitimación para discutir el sobreseimiento de los policías Gustavo Javier Coronel y Roberto Orlando. La decisión pretendió direccionar la persecución penal sobre el líder y otros miembros de la comunidad y dejar en la impunidad el accionar de las fuerzas policiales. Con ese criterio se agravó la criminalización de quienes vienen luchando por el reconocimiento de los derechos sobre sus territorios.
El CELS planteó estas deficiencias del Ministerio Público Fiscal ya que Peteñi se vio obligada a presentarse como querellante porque la fiscalía no hizo nada respecto a la investigación del homicidio de su marido. Paradójicamente el representante del Ministerio Público sólo apeló el sobreseimiento de los indígenas y no el de los policías. Así, lejos de representar el interés social y de las víctimas defendió directamente el interés de la policía formoseña.
En la misma audiencia se trató el recurso de casación presentado por el Fiscal de Cámara, Alejandro Gustavo Postiglione, para que se revoque el sobreseimiento de Amanda Asijalk, esposa de Félix Díaz, Andrés Cantalicio y otras mujeres indígenas imputadas por las lesiones de los policías. Sin decirlo expresamente, el Procurador General Subrogante, Sergio Rolando López, dejó entrever que debían ser los propios imputados indígenas los que debían probar su inocencia y se desligó de la responsabilidad del Ministerio Público de probar la culpabilidad. En pocas palabras, para defender el recurso fiscal pidió que el principio de inocencia no rija para este grupo.
Desde el comienzo el accionar del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Formosa ha sido proclive a imputar y a criminalizar a los indígenas desestimando las causas en las que denuncian delitos. La respuesta judicial dada en todos estos casos es una muestra del papel que puede tener el poder judicial en el sostenimiento de situaciones de desigualdad. Por ello, la necesidad de seguir profundizando las discusiones sobre el rol de la justicia en la protección de los sectores más vulnerables en todos los fueros y jurisdicciones del país. Para el 8 de julio próximo se espera la sentencia del máximo tribunal formoseño.