Más de cincuenta organizaciones sociales de todo el continente presentaron una carta a los gobiernos que se reunirán en Guatemala esta semana en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reclamando de modo urgente poner a la protección de los derechos humanos en el centro del debate sobre las políticas de drogas.
En el documento se subraya que en los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de discutir el alcance y pertinencia de las políticas de drogas adoptadas en los países, dada la ineficacia y los graves efectos negativos que han demostrado en materia de derechos humanos. Las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas han recrudecido los conflictos violentos en la región, creando un enorme mercado ilegal controlado por complejas organizaciones delictivas. Estos conflictos, que se localizan generalmente en zonas empobrecidas, han profundizado el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de las personas. El modelo actual ha ampliado las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales.
Las organizaciones también destacaron que el tráfico de sustancias prohibidas suele estar acompañado no sólo por la violencia, sino también por la corrupción y el socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y los funcionarios de gobierno. La revisión del paradigma de la guerra contra las drogas debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia.
Así, las organizaciones firmantes hacen un llamado a los gobiernos para que refuercen sus compromisos en materia de derechos humanos frente a las políticas de drogas y, en tal sentido, discutan y replanteen las iniciativas existentes.
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