El 28 de julio de 2011, durante un reclamo por acceso a viviendas en la ciudad de Libertador General San Martín, Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velázquez fueron asesinados por funcionarios policiales de la provincia de Jujuy, durante un violento desalojo habilitado por el Poder Judicial sobre terrenos de la empresa Ledesma. En este hecho también murió el agente de la Policía de Jujuy, Alejandro Farfán.
Más de 800 familias sin vivienda, el 20 de julio de 2011, se habían instalado en forma pacífica en un predio de 14 hectáreas, denominado el Triangulo. Exigían el cumplimiento de acuerdos previos del municipio y la empresa Ledesma para la entrega de aquellas tierras. Ese mismo día, la empresa denunció el hecho y tanto el fiscal penal de San Pedro Carlos Cattan como el juez de feria Jorge Samman, en una resolución de aparente legalidad, ordenaron el desalojo para el 28 de julio, sin tener en cuenta las negociaciones que transcurrían en el lugar como posibles salidas al conflicto. Si bien las familias se habían ubicado en un costado del predio ocupado, como parte de aquellas negociaciones, la Policía de la Provincia de Jujuy cargó contra ellas. Otra jueza, Carolina Perez Rojas, dispuso el cese de la violencia policial y comunicó la decisión a los responsables del operativo. La represión policial se extendió por tres horas más y Ariel Farfán, Felix Reyes de 21 años y Juan José Velazquez, son alcanzados por los disparos y fallecen.
La investigación judicial posterior de los hechos aún no ha dado resultados concretos. La justicia procesó a dos personas por el asesinato del policía Alejandro Farfan, y a los jefes del operativo policial se los procesó por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial. A la vez, pese a las pruebas que lo descartan, se encuentran imputados referentes sociales como instigadores del delito de usurpación. Recién en el mes de febrero de este año se dispusieron algunas medidas de investigación para determinar los responsables por las muertes de Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velázquez.
A dos años de estas muertes, es necesario que el poder judicial asuma una investigación seria y eficaz para determinar los responsables de estos hechos, que debe incluir también responsabilidades de funcionarios judiciales que intervinieron en el hecho y de actores no estatales, como directivos de la empresa Ledesma.
Este lamentable hecho pone de relieve la necesidad de habilitar canales de diálogo para la resolución de conflictos colectivos vinculados al acceso a la tierra y a la vivienda. También refiere al lugar ambivalente que tiene la justicia penal para evitar o ampliar los márgenes de la violencia policial en casos de conflictos sociales. Las órdenes que imparte a la policía tienen un impacto directo en el desencadenamiento de la violencia policial. Su poder resulta dispar para recrudecer los conflictos o para destrabarlos pacíficamente. Y cuando la violencia ha causado víctimas su desempeño no siempre asegura una investigación eficaz para evitar situaciones de impunidad. Resulta necesaria, entonces, una reflexión profunda sobre la incompatibilidad del uso del derecho penal para resolver conflictos sociales, cuando existen en realidad instrumentos menos gravosos para dar respuestas adecuadas a este tipo de reclamos colectivos.