La represión sufrida el miércoles por un grupo de manifestantes que se movilizaba en rechazo al acuerdo entre la empresa petrolera Chevron y el gobierno de Neuquén, exige establecer las responsabilidades penales y políticas del hecho, así como enviar un mensaje político fuerte desde el gobierno nacional para reencauzar los principios de no represión y fortalecer la gestión política de los conflictos sociales.
Las heridas por bala de plomo que sufrió el docente Rodrigo Barreiro, los 40 heridos con munición de goma y gas, las detenciones y la represión a un grupo de manifestantes por parte de la policía de la provincia de Neuquén, expusieron dos cuestiones centrales en materia de derechos humanos. Por un lado, mostraron una vez más la necesidad de fortalecer la política de no represión de protestas y manifestaciones públicas en todo el país. Por otro, evidenciaron que es indispensable encontrar mecanismos y principios adecuados para el tratamiento de reclamos vinculados a la agenda de derechos humanos.
Respecto del accionar estatal ante conflictos, la represión ocurrida en la capital neuquina se inscribe en una marcada posición del gobierno local contraria al ejercicio de derechos involucrados en la protesta. Neuquén es una de las cinco jurisdicciones que no adhirieron al Acta Acuerdo “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el Consejo de Seguridad Interior, que limita y regula el uso de armas represivas y busca favorecer la gestión política. Esta postura del actual gobierno provincial se vio reforzada en octubre pasado, cuando el gobernador Jorge Sapag afirmó que ante cada corte de ruta su provincia se constituiría como querellante para impulsar un proceso penal.
Es en situaciones como esta que se evidencia la importancia de cumplir con los mecanismos institucionales específicos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, diseñado para atender el derecho fundamental a la consulta previa e informada. Esto se vuelve más relevante cuando, a través de esta instancia de participación, podrían resolverse eventuales conflictos generados por medidas tendientes al desarrollo económico debido a su impacto sobre ciertos derechos.
Este escenario de protesta, al igual que el que desarrollaba un grupo de trabajadores estatales que reclamaba mejoras salariales el mismo día en la capital jujeña y que también fue reprimido por la policía provincial, se refería a legítimas reivindicaciones de derechos sociales con rango constitucional que deberían ser atendidas por el Estado mediante vías institucionales adecuadas y legítimas. Este incumplimiento de obligaciones se hace más gravoso cuando el Estado responde con el uso ilegal de la fuerza frente a las protestas y manifestaciones.
La valiosa política de no represión instrumentada desde 2003 por el gobierno nacional presenta importantes debilidades desde 2010, cuando volvieron a reiterarse muertes en estos contextos. Es indispensable que este principio sea defendido por el conjunto de la sociedad y la clase política. La represión ocurrida en Neuquén, así como la que tuvo lugar en Jujuy y otros hechos que se produjeron en diferentes provincias durante el último año, confirman la necesidad de reafirmar y fortalecer el dispositivo de abordaje no violento de los conflictos sociales.