El problema social más grave

En una conferencia de prensa, un conjunto de organizaciones sociales, gremiales, políticas y académicas reclamaron la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo Código Civil.

Un conjunto de organizaciones sociales, gremiales, políticas y académicas realizaron en la mañana de hoy una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara de Diputados para reclamar la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo Código Civil. Los referentes reclamaron la reincorporación del concepto eliminado en el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral, y que se incluyan  otras herramientas jurídicas que permitan mejorar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada.

Con la presencia de una gran cantidad de organizaciones, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky enfatizó en la apertura que “el acceso a la tierra urbana y rural es el problema social más grave que tiene la Argentina y es irracional prestar tanta atención a sus consecuencias, como la inseguridad, la violencia y el comercio de narcóticos y no ocuparse de la causa, que son las condiciones intolerables de vida de millones de personas”.

Distintos referentes hicieron uso de la palabra en representación de Habitar Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena, CTA, Movimiento Evita, Curas en Opción por los Pobres, Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Defensoría General de la Nación, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, Consejo Social de la Universidad de La Plata, Colectivo Igualdad, TECHO Argentina, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Corriente Nacional y Popular, Defensoría General CABA, Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires, y de otra decena de organizaciones que adhirieron al planteo.

Las intervenciones resaltaron la relación que existe entre las dificultades del acceso al suelo, la tierra y la vivienda y otro tipo de conflictos sociales que generan violencia y exclusión y que preocupan a la política y los medios de comunicación. Javier Goldín, de la Red Habitar apuntó que esta falta de regulación por parte del Estado, deja huérfanos a los sectores populares que se vuelven más vulnerables frente a los mercados informales.  “Pueden decidir no atenderlos, pero los pobres en algún lado tienen que vivir”, afirmó.

El diputado Leonardo Grosso del Movimiento Evita se refirió al peso de la falta de tierra y vivienda para los sectores de menores recursos en las barriadas del conurbano.  También remarcó el compromiso de seguir generando espacios de debate para que el código se enfoque en la inclusión de las necesidades de los sectores populares. Raúl Fernández Wagner del Instituto del Conurbano (UNGS), subrayó la necesidad de incorporar medidas como, por ejemplo, en Brasil con impuestos progresivos al suelo ocioso y una prescripción adquisitiva reducida a 5 años. Señaló también que 6 de cada 10 personas que ingresan a la zona metropolitana lo hacen a través de circuitos informales de oferta de vivienda. Por su parte, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Victoria Gauna sostuvo que “de la función social de la propiedad depende que el campesinado siga existiendo en la Argentina”.  Así, enfatizó que “la tierra no es una mercancía”. “Tiene un valor de uso y no puede reducirse a un valor de cambio”, agregó la referente social.

Fue recurrente la crítica al sesgo de protección de los bienes de los sectores de medios y altos ingresos en desmedro de los sectores excluidos de la población. El dictamen de mayoría “parecería estar enfocado solo a resolver los problemas con los que se enfrentan los abogados de los sectores medios y altos”, describió Sebastián Tedeschi de la Defensoría General de la Nación.

Ana Pastor, del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires instó a los legisladores a que “no se dejen presionar por los que más tienen”.

Convocantes a la conferencia:

Centro de Estudios Legales y Sociales
Habitar Argentina
Movimiento Evita
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Central de Trabajadores de la Argentina
Curas en Opción por los Pobres
Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Prov. de Buenos Aires
Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino
Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús
Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata
Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli
Resistencia Cultural Barrial
Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires
Movimiento Villas al Frente
TECHO Argentina
Colectivo por la Igualdad
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

Adhesiones:

Alianza Internacional de Habitantes
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo
Servicio Habitacional y de Acción Social
Abogadas y Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
Colectivo de Abogados y Abogadas Populares La Ciega
Equipo Coordinador de Cristianos para el Tercer Milenio
Asociación Platense de Inquilinos
Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires
Asociación Civil La Mesa – Moreno, PBA
Pastoral Social del Alto Valle de Río Negro
Corriente Política 17 de Agosto
Corriente Nacional y Popular
El Gleyzer – Movimiento Cultural y Social
14 Bis Derecho
Usina popular
Programa de Hábitat Inclusivo – FADU – UBA
Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal
Presbítero Juan Carlos Disanzo, párroco de la localidad bonaerense de Lezama
Sacerdote Vicente Reale, Mendoza
Cátedra de planificación Urbanística de la Universidad de Concepción del Uruguay
Federico Robert- Cátedra de Sociología Urbana de la Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires
Servicio Socio-Habitacional de la Universidad Católica de Córdoba
Daniela Tregierman – docente UBA
Jaime Sorín – ex vicerrector UBA y ex decano FADU-UBA
Mirtha Lischetti – docente UBA
Jorge Karol – Instituto de Investigación de Política del Ambiente Construido (UNLP)
Mabel Grimberg – Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
Juan Pablo Cervera Novo – Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (FyLL – UBA)
Daniela Gargantini – docente UCA de Córdoba
Laila Robledo – urbanista
Pablo Ferreyra – Legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires
Norma Aramayo – Frente Transversal
Nahuel Lag – periodista, ARECIA