El Comité contra la Desaparición Forzada de ONU difundió hoy su evaluación sobre el cumplimiento por parte de la Argentina de la Convención contra la desaparición forzada de personas. Allí manifestó gran preocupación por la existencia de casos ocurridos en democracia que involucran el accionar de las fuerzas de seguridad, y por las diversas dificultades de las agencias estatales para investigar estos delitos.
Previo a la evaluación, el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS) presentó al organismo un informe en el que se describe un preocupante patrón de hostigamiento policial a jóvenes pobres, que en algunos casos extremos terminó con la desaparición de la víctima, como ocurrió con Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires e Iván Torres en Chubut y cuyas familias señalan a las respectivas policías provinciales como responsables del hecho.
Esta práctica constituye uno de los fenómenos de violencia institucional más graves de la actualidad. Retomando este planteo, el Comité señaló que “estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad”.
A partir de este diagnóstico, el Comité instó al Estado argentino a implementar reformas institucionales en las fuerzas policiales para prevenir estas prácticas de hostigamiento y asegurar que los policías responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados.
El organismo exigió al Estado que garantice la exhaustividad e imparcialidad de las investigaciones de los casos de desaparición forzada y que se realicen de manera diligente y eficaz. Sobre esto, enfatizó la necesidad de apartar prontamente a las instituciones policiales sospechadas de las investigaciones para evitar la posibilidad de influir u obstruir su avance. El Comité también instó al Estado a fortalecer los mecanismos de protección de testigos.
A su vez, criticó la existencia de normas que permiten las detenciones sin orden judicial y señaló que los casos recientes de desaparición forzada están, en gran medida, relacionados con detenciones policiales que se practican de un modo arbitrario.
Por otro lado, en relación a las desapariciones ocurridas durante el terrorismo de Estado, el Comité destacó el trabajo que llevan adelante las fiscalías especializadas. Por eso, manifestó inquietud frente a recientes cuestionamientos a la labor de estas fiscalías y recomendó que, en razón de su complejidad, las investigaciones se encuentren a cargo de órganos con la debida especialización y experiencia en la materia.
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