El lunes 2 de diciembre el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participó del seminario sobre “Medidas y mejores prácticas para asegurar la promoción y protección de derechos humanos en el contexto de protestas”, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
El seminario reunió a representantes de los Estados, miembros de Naciones Unidas, entre ellos el Relator Especial sobre la libertad de reunión, Maina Kiai, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Chris Heynes, e integrantes de organismos académicos y de investigación. En representación del CELS expuso la investigadora Luciana Pol, a cargo de la coordinación del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional.
En su presentación, Pol mencionó el rol histórico de la protesta social en la conquista de derechos fundamentales como la prohibición del trabajo infantil, la lucha por la igualdad racial y el sufragio de las mujeres, entre muchos otros. En su momento estas protestas también fueron percibidas como amenazas y reprimidas. A través de la exposición de casos recientes de represión de protestas en Argentina, Egipto, Kenia y Estados Unidos, se reseñaron núcleos problemáticos en el uso de la fuerza por parte de las policías. Estos casos forman parte del informe “Recuperen las calles: represión y criminalización de la protesta en el mundo” de la Red Global de Organizaciones de Derechos Civiles (INCLO, por sus siglas en inglés), que integra el CELS.
En la exposición del caso argentino, se detalló el accionar violento de la policía en el parque Indoamericano en diciembre de 2010. En la causa que juzga esta represión están procesados funcionarios policiales por haber disparado con munición de plomo en forma indiscriminada sobre un grupo de familias pobres de Buenos Aires que, refugiándose del hacinamiento de la ciudad, ocupaba de forma pacífica el parque.
Como conclusión de los casos presentados y analizados de los diferentes países, Pol destacó “algunos vacíos en los estándares internacionales en la materia, como por ejemplo, la ausencia de regulación en el uso de armas menos letales”. También explicó que si bien los casos expuestos poseen características distintas, “muestran reacciones populares de amplio y profundo descontento, indicador de quiebres profundos provocados por los modelos de desarrollo vigentes y por las fallas de los sistemas de representación política, que no están siendo capaces de reparar las fisuras”. Y concluyó que ante estas situaciones complejas “la respuesta debe ser política y no policial”.
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