El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechaza las acciones extorsivas de funcionarios policiales en diferentes provincias de nuestro país. Las armas otorgadas por el poder democrático a las instituciones de seguridad para velar por la vida y los bienes de los ciudadanos no pueden ser utilizadas para forzar decisiones de los poderes constituidos. En igual sentido, la desprotección de los ciudadanos, lejos de un método legítimo de reclamo, resulta una forma inadmisible de amenaza pública. Por estos motivos, consideramos urgente que las fuerzas de seguridad desistan de este accionar que conduce a la intensificación de la violencia y alimenta incidentes de altísimo riesgo social e institucional. En consecuencia, solicitamos a las autoridades políticas y judiciales la pronta investigación de los sucesos que han culminado en un número aún incierto de muertes.
En un conflicto que involucra a numerosas provincias gobernadas por diferentes fuerzas políticas, el CELS considera indispensable la consolidación de acuerdos políticos transversales que aseguren el rechazo sin matices de estas acciones inaceptables para la democracia y la búsqueda de soluciones que profundicen el gobierno civil y político de las fuerzas de seguridad, tal como lo sostuvo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. Del mismo modo, es preciso que se establezcan mecanismos de resolución política e institucional de los conflictos que afiancen el rol del policía como trabajador y servidor público. Sin embargo, estas medidas no pueden surgir de acuerdos ni pactos que erosionen la autoridad soberana.
A 30 años del regreso a la democracia, estos episodios evidencian que el diseño y las prácticas de las instituciones responsables de la seguridad de nuestro país no se encuentran aún adecuadas al Estado de Derecho. Su poder de daño se verifica tanto en contextos de enorme magnitud como los que estamos atravesando, como en las prácticas abusivas, violentas y corruptas que cotidianamente sufren los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es necesario avanzar con las reformas pendientes de las instituciones de seguridad para erradicar estas prácticas ilegítimas y afianzar su función de trabajadores públicos respetuosos de los derechos de las personas y del orden institucional.