El 3 de febrero de 2011 Mauricio Ramos y Franco Almirón fueron ejecutados por efectivos de la Policía Bonaerense. En el mismo hecho, Joaquín Romero sufrió heridas de gravedad. Los tres jóvenes se dirigían a buscar cartones a los basurales de la CEAMSE cuando se detuvieron a observar a la policía que reprimía con extrema violencia a un grupo de vecinos del barrio La Carcova, en la localidad bonaerense de José León Suárez, quienes intentaban rescatar mercadería de un tren carguero que había descarrilado por desperfectos en los rieles.
A tres años de la masacre, y luego de diferentes maniobras dilatorias y de entorpecimiento, el próximo 20 de febrero finalmente comenzará el juicio oral y público a los policías Gustavo Rey y Gustavo Vega, acusados de los asesinatos de Almirón y Ramos y las graves lesiones que sufrió Romero.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el abogado Juan Carlos García Dietze que representan legalmente a la familia de Mauricio Ramos y a Joaquín Romero han solicitado en diversas oportunidades que se profundice la investigación y se avance en las responsabilidades funcionales de quienes diseñaron e implementaron el operativo que desembocó en las muertes y en los intentos posteriores de encubrimiento. Sin embargo, hasta el momento la justicia limitó la acusación a los dos policías responsables de los disparos, mientras que permanecen impunes los jefes policiales que tomaron las decisiones. Estos comisarios continúan hoy en funciones en la Policía Bonaerense.
La reacción de la policía y del gobierno de la provincia reveló las lógicas de encubrimiento corporativo y la estigmatización de los barrios pobres del conurbano: desde el primer momento las autoridades provinciales hicieron suya la versión policial de los hechos que indicaba que una banda del lugar había provocado el descarrilamiento del tren y que los efectivos policiales habían disparado para defenderse del ataque armado de los delincuentes. La investigación posterior demostró que el relato era falso: el tren descarriló por problemas en los rieles y la banda nunca existió.
Juzgar y condenar a los autores materiales de estos crímenes es el primer paso. Pero las responsabilidades penales de funcionarios jerárquicos a cargo y las decisiones operativas que culminaron en estos hechos violentos no pueden quedar impunes. Si la justicia pretende tener un rol activo en el castigo y la prevención de la violencia policial, debe avanzar en la investigación de las responsabilidades de los superiores jerárquicos, tanto en el operativo como en el posterior intento de encubrimiento, para garantizar que este tipo de hechos no se vuelva a repetir.