El pasado 7 de febrero, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó finalizar anticipadamente el periodo de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, quien se ha destacado por generar grandes transformaciones al interior del Ministerio Público, entre ellas la creación de la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que impulsó el juzgamiento de los responsables por crímenes de lesa humanidad en ese país, entre ellos el ex presidente José Efraín Ríos Montt. La fiscal general interpuso un recurso de aclaración y ampliación contra esa decisión que fue rechazado por la Corte este lunes 10 de febrero.
Con escasos fundamentos, el tribunal consideró que el mandato constitucional de Paz y Paz concluye en mayo de 2014, es decir, siete meses antes de lo previsto. La actual fiscal general fue nombrada el 9 de diciembre de 2010, luego de que la elección de Conrado Reyes Sagastume, realizada en mayo de 2010, fuese declarada nula. La Corte apeló a la estrategia de establecer que Paz y Paz fue elegida para completar el período anterior y no para iniciar uno nuevo.
Esta decisión se suma a otras medidas que resisten y obstaculizan la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Guatemala. Vale la pena recordar que en mayo de 2013, la misma Corte anuló la histórica sentencia que condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
La separación arbitraria del cargo de la Fiscal General antes del fin de su mandato constitucional implica una afectación a su independencia y, en los hechos, un acto de debilitamiento de la capacidad del Estado de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, en contra de las obligaciones asumidas por Guatemala en diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Corporación Humanas de Chile y Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú manifiestan su preocupación porque esta resolución de la Corte se entiende como una represalia contra el trabajo comprometido de la fiscal general en la lucha contra la impunidad, al tiempo que envía un mensaje de desaliento para los demás funcionarios que continúan desarrollando esta labor. Decisiones como esta marcan un camino regresivo no solo para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Guatemala, sino para el de toda la región.