La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana E. Catucci, Mariano Hernán Borinsky Alejandro W. Slokar, dictó sentencia hoy al mediodía por la Masacre de Trelew en los tribunales de Comodoro Py.
El Tribunal, por unanimidad, confirmó que el hecho formó parte de un plan sistemático y generalizado contra la población civil y que, por lo tanto, es un delito de lesa humanidad. Asimismo, rechazó los recursos de las defensas de Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real y Carlos Amadeo Marandino, confirmando las condenas a prisión perpetua dictadas el 15 de octubre de 2012 por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en Rawson.
Además, la Cámara revocó las absoluciones de Jorge Bautista, ex juez militar designado para realizar la investigación de la Masacre, y de Rubén Norberto Paccagnini, entonces jefe de la base Almirante Zar. En el fallo se ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para que dicte, con celeridad, un nuevo pronunciamiento.
De esta manera, la Cámara hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y del CELS, presentado por Daiana Fusca, Santiago Felgueras y Andrea Rocha, quienes junto al abogado Eduardo Hualpa representan a los familiares de Pedro Bonet, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey, Miguel Polti, Alberto Camps y Mario Delfino.
Los hechos sobre los que se pronunció la Cámara se originaron el 15 de agosto de 1972, con la fuga de veinticinco presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. En esa oportunidad seis de los prisioneros lograron escapar a Chile. Los diecinueve restantes se entregaron a las autoridades y fueron detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, donde permanecieron incomunicados. Seis días después, en la madrugada del 22 de agosto, fueron fusilados por personal de la Armada. Dieciséis de ellos murieron y tres lograron sobrevivir.
En esta sentencia se atribuyeron responsabilidades penales por delitos perpetrados en el contexto represivo de principios de la década de 1970. Para la Cámara, la masacre “constituye sólo una porción del universo de criminalidad estatal verificado durante el régimen militar imperante al momento del hecho”.
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