El 3 de febrero de 2011 Mauricio Ramos y Franco Almirón fueron ejecutados por efectivos de la Policía Bonaerense. En el mismo hecho, Joaquín Romero sufrió heridas de gravedad. Los tres jóvenes se dirigían a buscar cartones a los basurales de la CEAMSE cuando se detuvieron a observar a la policía que reprimía con extrema violencia a un grupo de vecinos del barrio La Carcova, en la localidad bonaerense de José León Suárez, quienes intentaban rescatar mercadería de un tren carguero que había descarrilado por desperfectos en los rieles.
En el marco del juicio oral que por estos hechos se lleva adelante en los tribunales de San Martín, Federico Efron, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales y Juan Carlos García Dietze, ambos en representación de Joaquín Romero y la familia de Mauricio Ramos, expusieron en su alegato de este martes 11 de marzo los motivos por los cuales solicitaron que se condene a Gustavo Ezequiel Vega a 17 años de prisión por la tentativa de homicidio agravado de Joaquín Romero y a prisión perpetua a Gustavo Sebastián Rey por el homicidio agravado de Mauricio Ramos. Por su parte, la fiscalía también solicitó la condena de Rey por el homicidio agravado de Franco Almirón.
En el transcurso del juicio quedó muy claro que la policía bonaerense desplegó un operativo de suma violencia con 18 escopeteros para reprimir a los vecinos de la Carcova en el que se utilizaron balas de plomo y más de 200 balas de goma en forma absolutamente desmedida e injustificada.
Tanto los testimonios como el resto de la prueba confirmaron que la primera versión de los hechos que pretendió instalar la idea de un descarrilamiento intencional del tren por una peligrosa banda de la zona fue una mentira funcional a la propia policía y al gobierno provincial, para justificar las muertes y el uso de balas de plomo. Esta versión sirvió también para defender los intereses de la empresa Nueva Central Argentino (NCA), ya que la explicación de un descarrilamiento intencional les hubiera permitido cobrar el seguro. La empresa ferroviaria NCA mediante un comunicado sostuvo que “un grupo de personas arrojó al paso de un tren (…) troncos de árboles con el fin de producir su descarrilamiento para posteriormente saquear la mercadería transportada”. Esta maniobra fue desarmada cuando el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir la competencia (federal o provincial) al considerar que el descarrilamiento había sido accidental. El testimonio de José Ibañez, conductor del tren y maquinista con 16 años de experiencia, no dejó dudas al respecto. Cuando Efrón le preguntó sobre la posibilidad de que una persona provocara el descarrilamiento, respondió: “Le pediría que se ponga a 2 metros de un tren que va a 20 km por hora y es imposible. Por el miedo que provoca, semejante mole”.
En el mismo sentido, quedó establecido que no existió ninguna “peligrosa banda” y que los vecinos presentes en el lugar no estaban pertrechados ni organizados como para saquear un tren. El argumento policial de que existió un enfrentamiento que hubiera justificado el uso de munición de guerra también fue rebatido por las declaraciones de los propios policías en el juicio. Más de quince efectivos de la Bonaerense presentes en el lugar de los hechos coincidieron en que no se trataba de una situación que ameritara la utilización de balas de plomo.
Según los diversos testimonios policiales, el subcomisario Carlos Amado Silva Marinone reunió al personal a su cargo y les ordenó avanzar hacia las vías. En primera línea ubicó a quienes tenían escopetas y luego al resto de los uniformados. Avanzando en formación y disparando balas de goma, los efectivos ya habían logrado alejar a los vecinos del tren cuando se produjeron los ataques con balas de plomo que terminaron con la vida de Mauricio y Franco y produjeron graves heridas a Joaquín. Ninguno de los tres estaba participando del supuesto saqueo al tren, ninguno de los tres representaba amenaza alguna para los efectivos policiales allí presentes.
La declaración de Joaquín Romero reveló que los tres jóvenes, como todos los días, estaban caminando hacia la CEAMSE cuando advirtieron el tren descarrilado. En ese trayecto, Joaquín pudo contar cómo los policías bonaerenses los atacaron a balazos: “Voy a la chatarra, Franco me dice que tiraban con balas de verdad, `corré´ me grita. Ahí había un puente, cruzo por el puente, un policía sale de entre los pastos apunta y dispara. Oí más de un disparo, me silbaban por la cabeza las balas”. Recibió un impacto de bala de plomo por la espalda. Y agregó: “lo miraba al policía, me doy vuelta, enseguida oigo los tiros y siento el ardor en mi espalda”. Durante el juicio Joaquín pudo explicar que se dio vuelta porque vio cómo el policía lo apuntaba y quiso retroceder.
La responsabilidad de Vega de haber realizado los disparos que hirieron gravemente a Joaquín quedó establecida a partir de las declaraciones de sus compañeros y de la descripción que la propia víctima hizo del autor de los disparos. En la rueda de reconocimiento había señalado a una persona con similares características físicas a las del tirador. Esa persona resultó ser el hermano de Vega, dos año menor que el imputado. Quedó demostrado que, en aquella ocasión, Gustavo Vega había cambiado su apariencia física. Efrón también resaltó que durante el juicio no se pudo ubicar a otro efectivo de la Bonaerense en ese lugar y momento disparando hacia Romero. Es decir, que no quedaron dudas sobre quién efectuó esos disparos. Vega, instructor de tiro, sabía exactamente lo que estaba haciendo y las consecuencias que ello tendría.
En cuanto a la responsabilidad de Rey en el asesinato de Mauricio Ramos, varios testigos lo reconocieron por desplazarse en motocicleta, por su corte de pelo y por el hecho de llevar anteojos negros y un chaleco en el cual guardaba cartuchos rojos, es decir, de munición de plomo. Los testigos ubican a Rey disparando desde una zona más elevada, lo cual coincide con los resultados de las pericias balísticas realizadas por Gendarmería y con la trayectoria de la bala que terminó con la vida de Mauricio Ramos.
De los diferentes testimonios que se escucharon durante el juicio, surgen elementos para problematizar la falta de controles sobre algunas prácticas rutinarias de la Bonaerense, como por ejemplo que en las guanteras de los móviles policiales se traslade munición de guerra de repuesto, que potencialmente pueda ser utilizada para reprimir situaciones como la de este caso. O el hecho de que los policías lleven cartuchería propia que también pueda ser utilizada de manera discrecional y sin control.
Pero una de las cuestiones fundamentales que fue quedando clara con la sucesión de testimonios y peritos durante las audiencias orales ha sido la responsabilidad de los funcionarios policiales de jerarquía superior en el descontrol del operativo y en la violencia desplegada que condujo a las muertes de Mauricio y Franco y a las gravísimas heridas de Joaquín. Por más que Vega y Rey hayan sido quienes dispararon, es fundamental, por ejemplo, que se profundice en las razones por las cuales Víctor Uhalde, entonces comisario a cargo de la seccional 4° de José León Suárez, mintió en su declaración al intentar justificar que un funcionario de su rango se haya encargado de ir personalmente hasta la comisaría para buscar municiones de repuesto, función generalmente delegada en algún subordinado. Luego de haber vuelto con la pistola lanza gases y con las municiones, se produjeron los disparos de Vega y Rey. Según el testimonio del policía Carlos Aguirre, que coincide con el de los vecinos, luego del gas que pegó en el chapón y tras el sonido de los disparos de Rey sólo hubo silencio.
En su argumentación, el abogado representante de las familias de las víctimas, Juan Carlos García Dietze, enfatizó que a lo largo de toda la investigación fue evidente la actitud corporativa de los diferentes miembros de la policía que, en testimonios plagados de contradicciones, intentaron confundir respecto de las acciones de los imputados.
Asesinatos como los de Ramos y Almirón son hechos tristemente frecuentes. Muestran que el uso abusivo y letal de la fuerza por parte de las policías (el fenómeno conocido como “gatillo fácil”) es un problema persistente, que no ha encontrado soluciones efectivas por parte del Estado. Por el contrario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires parece profundizar cada vez más un modelo de seguridad que garantiza a la policía amplios márgenes de arbitrariedad e impunidad. Modificar las condiciones institucionales que posibilitan la persistencia de altos niveles de letalidad policial no es una tarea fácil ni instantánea ya que, tanto las rutinas de uso de la fuerza como los argumentos que las justifican, se encuentran enraizadas en una cultura policial autoritaria y violenta. De allí que su disminución sólo puede conseguirse a través de una política sostenida de democratización de las fuerzas de seguridad y de un fuerte compromiso del sistema judicial provincial de investigar y sancionar estas graves violaciones de derechos humanos.