La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó por primera vez una audiencia para analizar la situación de la capacidad jurídica y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en América Latina. Esta audiencia fue solicitada por 14 organizaciones de la región, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y tendrá lugar el 25 de marzo durante el 150º período de sesiones en Washington. El objetivo es visibilizar la persistencia de modelos de capacidad jurídica discriminatorios para las personas con discapacidad y la consecuente vulneración del acceso a la justicia de este colectivo.
En América Latina prevalece un modelo sustitutivo de la voluntad que declara incapaces legalmente a las personas con discapacidad, principalmente mental. Algunas de las consecuencias de este marco normativo son el menoscabo del derecho a tomar sus propias decisiones, la restricción de sus libertades y la profundización de su vulnerabilidad social, limitando sus derechos humanos fundamentales. En el marco de los sistemas judiciales dicho modelo coloca a este colectivo en una situación de desigualdad estructural que impide el goce efectivo de las garantías del debido proceso legal, dejándolas en una situación de desprotección judicial.
Esta audiencia aportará elementos fundamentales para seguir avanzando en la armonización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tal como la Corte Interamericana ha reconocido en su jurisprudencia.
En paralelo, el CELS junto a otras 18 organizaciones de todo el continente redactó un documento de aportes para la elaboración de la Observación General sobre el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que reconoce “igual reconocimiento como persona ante la ley”.
En el actual contexto de implementación del artículo 12, las organizaciones consideran fundamental dejar en claro de forma expresa que su objeto y fin último es asegurar que las personas con discapacidad, además de ser titulares del derecho, puedan ejercerlo en primera persona y evitar que se vea limitado ante reservas o defectos interpretativos que persiguen acotar su alcance a la mera titularidad del derecho.
La interpretación del Comité sobre el contenido y alcance del artículo 12 permitirá identificar los desafíos a seguir en las legislaciones internas a fin de prevenir las graves violaciones a los derechos humanos a las que se ven sometidas las personas con discapacidad, en especial aquellas que se encuentran privadas de su libertad por causa de una discapacidad.
Estas acciones simultáneas ante la CIDH y la ONU y la construcción de alianzas regionales demuestran el impulso de la lucha de este colectivo históricamente segregado por recuperar su condición de igualdad ante la ley, ejercer derechos de manera autónoma y acceder a una vida en comunidad en igualdad de oportunidades que el conjunto de la sociedad.
Para acceder a la solicitud realizada a la CIDH, haga clic aquí
Para acceder al documento elaborado por las organizaciones, haga clic aquí