El proceso de memoria, verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras latinoamericanas tuvo un hito importantísimo el 25 de marzo pasado. En Brasil, el coronel retirado Paulo Malhães declaró ante la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) sobre su participación en los crímenes de la dictadura militar brasileña (1964-1985). “¿Cuántos murieron? Todos los que eran necesarios”, afirmó el ex coronel quien también relató durante dos horas cómo torturó, asesinó e hizo desaparecer cadáveres. Fue el primer militar de ese país que admitió haber participado de los crímenes. El 24 de abril, un mes después de su testimonio, Malhães fue asesinado en su casa en Río de Janeiro.
El asesinato de Malhães enciende una luz de alerta para todos aquellos que buscamos memoria, verdad y justicia en la región. Estos procesos implican desafíos constantes. Entre ellos, las acciones violentas contra los distintos actores involucrados en estos procesos, ya se trate de víctimas, acusados, condenados, testigos, abogados o funcionarios judiciales. Integrantes de la Comisión de la Verdad de Brasil consideran que la muerte de Malhães puede tener el doble sentido de destruir archivos y al mismo tiempo enviar una señal a los otros ex militares que declararán ante la CNV. Aunque la muerte pueda responder a otras razones, es necesario que se garantice una investigación efectiva e imparcial del crimen, tal como lo han solicitado los integrantes de la CNV.
Los testimonios de Malhães ante la Comisión Estadual de la Verdad do Rio de Janeiro y ante la Comisión Nacional de la Verdad permitieron conocer cómo las fuerzas de seguridad secuestraron, detuvieron ilegalmente, asesinaron e hicieron desaparecer cuerpos. Malhães fue uno de los únicos, tal vez el único, agente de la represión, que dio información clara sobre cómo el Estado dictatorial actuó como una verdadera organización criminal. Estas declaraciones niegan la versión muy difundida según la cual la de Brasil habría sido una “dictablanda”.
Los procesos de memoria, verdad y justicia generan resistencias en aquellos responsables de los crímenes que conservan posiciones de poder. El episodio que terminó con la vida del coronel brasileño es, en sí mismo, lamentable para la búsqueda de la verdad histórica en Brasil, que deja de contar con la memoria de alguien que sabía mucho y estaba dispuesto a hablar.
En 2006, en Argentina, desapareció Jorge Julio López, testigo clave del juicio que condenó a Miguel Etchecolatz, responsable de más de veinte centros clandestinos de detención. Las investigaciones apuntan a la responsabilidad de miembros de fuerzas de seguridad, retirados y en actividad, que se habían sentido amenazados por las declaraciones de López. En 2007, el prefecto Héctor Febres – integrante del grupo de tareas que operó en la ESMA– fue encontrado muerto en su lugar de detención. Murió por ingesta de cianuro, pero no se determinó si fue un suicidio o un homicidio. Febres estaba siendo juzgado por los crímenes cometidos en la ESMA en donde estuvo a cargo de la entrega de los bebés nacidos en cautiverio a familias de apropiadores. El juicio se encontraba en el tramo final y se esperaba que Febres declarara y diera información sobre este y otros temas.
El fortalecimiento del proceso de justicia argentino frente a las reacciones de los grupos involucrados en los crímenes de lesa humanidad se relaciona con la consolidación de una política de Estado que cuenta con un amplio consenso social y está conformada por acciones de cada uno de los tres poderes para avanzar en la investigación de la verdad, el juzgamiento penal y la memoria histórica.
Es por lo tanto imprescindible el esclarecimiento de las causas de la muerte de Malhães y la adopción de políticas destinadas a garantizar la continuidad del trabajo de las Comisiones de la Verdad.