La familia Arruga, el CELS y APDH La Matanza presentaron hoy un habeas corpus por la desaparición forzada de Luciano. El escrito pide a la justicia federal que realice en forma inmediata todas las acciones necesarias para determinar dónde está Luciano.
La denegación de justicia por parte de las autoridades judiciales del Departamento de La Matanza fue determinante para que a cinco años del hecho no se pueda saber qué paso con Luciano ni donde está. Al día de hoy, luego de más de un año de que el caso se haya federalizado se carece de información sobre lo que sucedió la madrugada del 31 de enero de 2009, cuando se lo vio por última vez. Tampoco se ha avanzado respecto de los autores de la desaparición.
En todo este tiempo, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ha demostrado un constante desinterés por impulsar la investigación administrativa sobre el accionar policial que rodea a la desaparición. Tampoco hay avances sustantivos en los dos jurys de enjuiciamiento promovidos contra las fiscales y el juez de garantías que intervinieron en la causa provincial.
Por este motivo, su familia, con el acompañamiento del CELS y APDH La Matanza, presentó hoy un habeas corpus ante la justicia federal de Morón. Este recurso implica que el Estado debe generar los canales más idóneos para informar a los familiares de Luciano Arruga sobre la verdad de lo sucedido. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos los Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables, sancionar dichas violaciones y reparar a las víctimas o los familiares. Es indispensable que el Estado promueva este trámite así como las vías abiertas para determinar las responsabilidades penales y administrativas.
Durante los meses previos a su desaparición, Luciano era hostigado y amenazado por integrantes del Destacamento policial de Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2008, fue detenido y torturado en esa dependencia. La noche del 31 de enero de 2009 fue nuevamente detenido de manera arbitraria. Nunca se lo volvió a ver.
Todo el accionar de los integrantes de la Policía Bonaerense involucrados fue irregular. De la investigación penal surge que: Luciano y un móvil policial del Destacamento de Lomas del Mirador estuvieron en el mismo lugar, un móvil policial no emitió las señales de posicionamiento reglamentarias y otro móvil policial no informó que había salido de la cuadrícula que le correspondía. Las explicaciones de los policías involucrados en estas irregularidades fueron cambiantes, contradictorias y está probado que mintieron en sus declaraciones.
A las irregularidades policiales que condujeron a su desaparición, se suman las innumerables irregularidades judiciales posteriores. La denuncia hecha por Mónica Alegre, mamá de Luciano, en el Destacamento de Lomas del Mirador tardó cinco días en llegar a la fiscalía, lapso suficiente para borrar los rastros del joven. Luego, a pesar de las denuncias de la familia, la fiscalía a cargo delegó la investigación judicial en la Policía Bonaerense. Durante 45 días, los responsables de buscar a Luciano Arruga fueron los mismos policías acusados de haberlo hecho desaparecer. Los libros de registros del Destacamento fueron adulterados, los vehículos lavados con lavandina, entre otras acciones que indican la voluntad de ocultar información.
Esta jurisdicción, en su momento, rechazó un pedido de habeas corpus presentado por la familia de Luciano. Tiempo después, autorizó intervenir las comunicaciones de la familia durante casi un año y medio tratando a los familiares como sospechosos de la desaparición. El juez y la agente fiscal que tomaron esa decisión están sometidos a un proceso de juicio político que tampoco tiene avances significativos.
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires inició sumarios administrativos contra los ocho policías sospechados pero no avanzo seriamente en su tramitación para formular cargos que dieran sustento a una sanción. Por el contrario, fueron pasados a disponibilidad de manera temporal. En marzo de este año, a partir de un amparo, fueron reincorporados por el Ministro Alejandro Granados y luego nuevamente puestos en disponibilidad, por el reclamo de los familiares y organismos. Al mismo tiempo, funcionarios de alto rango del poder ejecutivo provincial en declaraciones periodísticas delegaron toda la responsabilidad del esclarecimiento en el poder judicial sin asumir que la falta de investigación administrativa es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Estos hechos expresan el problema de fondo: la falta de decisión política del gobierno provincial y de las autoridades judiciales de esclarecer el caso e investigar a fondo el funcionamiento policial irregular que llevo a la desaparición y al posterior encubrimiento.
El caso de Luciano Arruga fue reconocido por los tres poderes del Estado como un caso de desaparición forzada. Este reconocimiento implica que el Estado debe generar los canales más idóneos para informar a los familiares de Luciano Arruga la verdad de lo sucedido. Mientras en el proceso penal se busca realizar todas las acciones tendientes a determinar la responsabilidad penal de los autores del delito, el habeas corpus presentado hoy solicita que el Estado Argentino en su conjunto ponga el máximo empeño y compromiso en dar una respuesta a la pregunta que hacemos los familiares, los organismos que acompañamos esta búsqueda y la sociedad en su conjunto: ¿Dónde está Luciano Arruga?